Esta semana se instaló la Convención Constitucional. Aunque nadie de buena fe pueda sostener que las dificultades de conexión y equipos -que le habría impedido sesionar el lunes y martes- es un intento deliberado del Gobierno por sabotear la Convención, el Partido Comunista, sin embargo, ha anunciado una acusación constitucional contra el ministro Ossa, justamente, sobre esa base. Algunos constituyentes han respaldado esa acción, lo que solo sirve para instrumentalizar la Convención, pautear al Congreso en materias cuya intromisión no corresponde a los convencionales y buscar erigirla como una asamblea soberana. Como la historia se escribe mientras sucede, es necesario marcar la preocupación. No es popular hacerlo, pero alguien debe sostenerlo.

Tampoco es popular sacar al pizarrón a la Convención. Y es que en la opinión pública se instala que es una institución casi intocable. Pero es deber de la sociedad civil hacerlo si quiere tener un proceso legítimo. Estos días han sucedido cuestiones preocupantes. Que las planteen determinados sectores y otros permanezcan más silentes no significa que no sean de gravedad y que no nos afecte a todos. Más bien nos dice mucho de quienes se quedan callados. La sesión de instalación estuvo ad portas de fracasar por la interrupción de una convencional constituyente que, a gritos, no permitía a la prudente señora Valladares avanzar. Posiblemente, en el ideario colectivo se instalará que el suceso fue una anécdota, de esas factibles en un proceso inédito. Y es que se ha corrido tanto el cerco de lo tolerable que ya no nos sorprende. Pero hacerse el loco no contribuye con la instalación reglada de una Convención que, dicho sea de paso, debe su existencia al trabajo transversal de los actores políticos en el Congreso, aunque a este se le desdeñe en la sede de la Convención y haya convencionales que insistan en que debe su existencia a la violencia. Esconder la cabeza solo permitirá que se instale una vez más la condescendencia y el buenismo que, por definición, no tiene reglas y, con ello, para la casa nuestras garantías y la fe en el proceso.

Llamo la atención sobre las formas del debate y lo que vamos tolerando. No vaya a ser que usted, que decidió ser buenista, después se las dé de sorprendido de las vías poco democráticas por las que se imponen las agendas. Ningún constituyente o grupo de constituyentes, ni siquiera su presidenta o vicepresidente, tiene el poder de hacer lo que quiera. Nadie está autorizado para paralizar las sesiones o votaciones a base de grito pelado o a través de presiones grupales a la mesa de la Convención, por más justa que le parezca la causa que alega. Pero pasó.

Tampoco debe ocurrir que la mesa someta propuestas a consideración y votación del pleno, con tan solo un relato oral y breve del título de la proposición, sin que su contenido haya sido puesto a disposición de los convencionales con la debida antelación y transparencia, pero ocurrió, y a pesar del reclamo de convencionales de derecha y centroizquierda. La mesa propuso ampliar la vicepresidencia a 7 miembros, sin dar a conocer cómo se elegirían (representación política, paridad, visión ecológica, etc., todo lo cual se preguntó, pero no se definió) y sin que ello se hiciera de un modo compatible con lo reglado en la Constitución. Pero luego se sometió a votación la idea de complementar (no ampliar) la mesa directiva con un comité de 7 miembros. Luego de esa votación, y tras ser la mesa rodeada por diversos convencionales, ella se anuló para, en segundos, votar nuevamente, una fórmula diversa que reponía la idea de ampliar la mesa. Luego se votaba otra idea, fuera de tabla, para sumar 2 convencionales más a la mesa, de pueblos originarios. Al momento de la votación, además, la plataforma electrónica simplemente dejó de transmitir.

Tampoco debe ocurrir, pero ocurrió, que, desde la testera, se implique que pedir conocimiento previo del contenido de lo que se vota es una “estrategia para no avanzar”. No se le hace un “favor al país”, como se dijo, avanzando sobre contenidos inciertos. Luego, la Convención se toma un día completo para efectuar una alarmante declaración, plagada de aseveraciones sin evidencia, con demandas a otros poderes del Estado (aunque diga no querer intervenir en sus facultades), en temas totalmente ajenos a su mandato, que polarizan la discusión y que, no obstante, propone la mesa.

Hago estos puntos en buena lid y con preocupación por el respeto de los principios democráticos sobre los que debe obrar la Convención. Es necesario enmendar el rumbo. Fatal sería que cayera en las trampas de las que alguno de sus integrantes acusaba a las demás instituciones.