Siempre fue una ingenuidad creer que la Convención Constituyente sería una suerte de academia platónica; un cenáculo donde deliberar sobre el futuro del país. Ofrecía, se dijo, un momento refundacional apto para soñar la nación que queremos ser, dibujar un Estado ideal, echar a volar la imaginación y construir un hogar común. Sus miembros llegarían revestidos del mandato de conversar sin ira ni prejuicio; libres pues de dogmas o intereses que distorsionan el ideal de una comunicación basada exclusivamente en el uso de la razón.

Desde el momento de su gestación, sin embargo, la Convención se aparta de ese cuadro idílico. Nace de la protesta social y de una revuelta antisistema que desafió al Estado con violencia. No contó con la aprobación de las izquierdas radicalizadas y fue rechazada por una parte de la derecha. Es decir, surgió como un camino intermedio entre fuerzas en disputa, en un contexto de crisis y como alternativa frente a una rebelión que buscaba precisamente lo contrario: destituir los poderes establecidos para dar paso a un drástico cambio del régimen político-institucional y del modelo de desarrollo seguido por el país durante las últimas tres décadas.

A poco andar, los sectores extremos de la izquierda, liderados por el PC, se percataron de que les convenía estar simultáneamente dentro y fuera de la Convención. Desde dentro —sobre todo ahora con una mayoría de convencionales en posiciones convergentes con el PC— se podía radicalizar su conducción y transformarla en una verdadera asamblea soberana. Es decir, autoconvocada y gobernada por sí misma, en contraposición con los poderes del Estado. A su vez, esa radicalización podía ser coadyuvada desde fuera, idealmente por una combinación de protesta social y revuelta. Este es un clásico diseño en la tradición revolucionaria: la creación de un poder dual.

Ahora todo esto está en juego. La Convención no será un coloquio libre de pasiones y presiones. Se buscará imponer una visión extrema y cancelar a quienes vacilen o se opongan. Se hará lo posible por hostilizar al Gobierno, el Congreso y los tribunales de justicia. Cualquier cosa por aumentar la dualidad de poderes.

La Convención será política en su sentido más adversario. Choque de ideologías, contraposición de fuerzas, despliegue de astucias, deseo de subordinar al contrario. Lo demás es ingenuidad.

¿Significa que la Convención tiene trazada desde ya su trayectoria? En parte, sí. Pero la página está en blanco aún. Ahora todo depende de si los grupos que impulsaron el camino institucional logran todavía gravitar y hacerse escuchar. No parece fácil. Pues se hallan diezmados, carecen de voluntad de ser y no poseen proyección ni coherencia política. De esos frágiles grupos depende que no se imponga la adversidad.