La estrategia de desarrollo que ha seguido el país en las últimas décadas ha mostrado poca capacidad para adaptarse a los cambios que han ocurrido tanto en el escenario interno como en la economía mundial. La consecuencia de este hecho es una gradual pérdida de dinamismo, que se disimula cuando el entorno externo es favorable y el país avanza a buen ritmo, pero que aflora cuando el panorama se deteriora, el crecimiento se ralentiza y las tensiones sociales se agudizan. Es evidente que para lograr un progreso sostenido se hace indispensable revisar de manera integral nuestra estrategia, asumiendo un conjunto de pilares que permitirían impulsar de manera significativa un desarrollo inclusivo y sustentable.

Primero, su diseño debe incorporar las preocupaciones y desafíos que tiene la sociedad. Hoy es el mercado el que orienta las decisiones económicas, y el rol de las políticas públicas queda circunscrito a intentos por corregir sus excesos (desigualdades, distorsiones y externalidades). En la práctica, esto significa privilegiar el crecimiento por encima de otros objetivos de bienestar social. En el futuro, se requiere un cambio sustantivo, que sea la sociedad la que oriente a la economía y no a la inversa, poniendo los desafíos de la equidad social —o derechamente a los propios ciudadanos— en el centro de la estrategia (buenos empleos, cuidado del medio ambiente e integración social).

Segundo, el crecimiento sostenido es fundamental para satisfacer las principales aspiraciones de la sociedad, lo que convierte a la innovación en un componente clave de la estrategia. En la actualidad, la innovación emerge del funcionamiento espontáneo de los mercados, lo que se refleja en una inversión en investigación y desarrollo que está estancada desde hace por lo menos dos décadas, y permanece entre las más bajas de los países de la OCDE. La innovación que necesitamos requiere de una clara intencionalidad de las políticas públicas.

Tercero, los entornos locales dinámicos generan muchas externalidades —positivas— que ayudan al desarrollo. Sin embargo, la actual estrategia parece indiferente respecto de los contextos económicos y sociales, lo cual lleva a subestimar el efecto positivo de crear capacidades productivas locales (bienes públicos, conocimiento, habilidades, institucionalidad, entre otras). La nueva estrategia debe subsanar esta debilidad, aprovechando la oportunidad de un proceso de descentralización más audaz como el que probablemente se viene.

Cuarto, se debe internalizar que el conocimiento para orientar las políticas públicas no está en el Estado o en círculos expertos, sino que distribuido en la sociedad. En este sentido, se deben fortalecer las políticas públicas a través de mecanismos institucionales de descubrimiento colectivo, como la colaboración, participación, articulación público-privada y experimentación.

Quinto, el aumento en la concentración de los mercados ha reducido la efectividad de la competencia, que se mide por la cantidad de actores que pueden desafiar a los líderes de cada industria. Además, la concentración de mercado genera amenazas en muchos ámbitos, como el funcionamiento de la democracia, las economías locales y la privacidad de las personas. En la actualidad hay múltiples formas de generar barreras de entrada y obstáculos a la competencia, que una nueva estrategia de desarrollo no solo debe enfrentar, sino que también anular.

Sexto, el mando y control jerárquico de las políticas públicas está agotado y necesita ser reemplazado por una gobernanza abierta. Las nuevas soluciones a los problemas sociales vienen de la mano de la colaboración del gobierno con la sociedad, de enfoques integrales y del aprendizaje a través de la experimentación.

Séptimo, el financiamiento sostenible de las políticas públicas y los equilibrios macroeconómicos son principios que se deben alcanzar en el marco de los grandes desafíos de la sociedad, y no como una restricción tecnocrática. La experiencia de los países emergentes muestra que el crecimiento disminuye y la inflación aumenta cuando la deuda pública supera cierto umbral. Pero también señala que los países que progresan son los que tienen un Estado capaz de recaudar un nivel de tributación proporcional a los desafíos que enfrentan.

Octavo, las estrategias empresariales deben estar conectadas con los grandes desafíos sociales, buscando soluciones rentables a los problemas de las personas. En este sentido, se debe esperar una participación más activa de las empresas en los procesos clave del desarrollo, como son la innovación, la integración social, la capacitación, la creación de entornos locales dinámicos y el cuidado del medio ambiente.

Noveno, las universidades y otros centros tecnológicos son instituciones ancla en la economía del conocimiento, y también se deben conectar con los desafíos sociales. En la actualidad, la formación de personas explica más del 85% de los ingresos de las universidades, lo que les resta capacidad para aportar en los demás procesos sociales, especialmente en la innovación y en la creación de entornos locales dinámicos.

Décimo, una ciudadanía activa fortalece los espacios de libertad en la sociedad y ejerce de contrapeso a la labor de los gobiernos. En la actualidad, las interacciones sociales ocurren fundamentalmente en los mercados, con lo que la sociedad civil juega un papel peligrosamente pasivo, cediendo su espacio a grupos fragmentados. Fortalecer el tejido social es un desafío fundamental para el desarrollo inclusivo y sustentable.

En síntesis, nuestra estrategia de desarrollo necesita una revisión integral y profunda, que va más allá de la reparación de las piezas gastadas. La excesiva dependencia en el mercado ha terminado por circunscribir las perspectivas de desarrollo al corto plazo o a la inmediatez. La solución no está en moverse dentro del eje Estado-mercado, sino que en el diseño de un nuevo balance de ambos con la sociedad, rescatando valores transversales que están arraigados en el país y que han aflorado en los diversos esfuerzos de escucha y deliberación social que se han llevado a cabo en los meses recientes.