Son tiempos de promesas electorales y constitucionales. Un nuevo gobierno y una nueva Constitución para dejar atrás frustraciones y desaciertos. La tierra prometida. Justo lo que usted quería escuchar tras años muy difíciles en lo político, social, económico y sanitario. Pero ¿será posible? Todos deseamos un país mejor, pero también sabemos que ello no se logra de la noche a la mañana ni omitiendo los límites de lo posible. Tampoco a punta de voluntarismos u ofertones populistas, con tintes autoritarios, que comprometan nuestras libertades.

Usted en el fondo lo sabe. Sus logros han sido fruto de su trabajo y esfuerzo. Usted ha debido lidiar con recursos finitos para alcanzar múltiples objetivos, debiendo priorizar y renunciar a algunos proyectos. Usted ha fracasado y se ha vuelto a levantar consciente de las experiencias aprendidas y de las limitaciones. Y es que no hay otro camino. Y en política tampoco. No es muy popular lo que digo, pero usted no dejaría el destino de su negocio, trabajo o el porvenir de su familia en manos del voluntarismo, ¿o sí? Y entonces, ¿por qué haría algo distinto al elegir a quien debe dirigir los destinos de la nación en la que aspira ver crecer a sus hijos? Cabe recordar que malas decisiones políticas en materia económica, educacional, en salud, en lo laboral y en tantas otras áreas se traducen en menos oportunidades y en peores prestaciones públicas y privadas que usted necesita, aspira, usa o requiere día a día. La emoción, los buenos deseos y la consigna, como guaripolas del debate político, no nos conducirán a la tierra prometida, sino más bien a una pesadilla. Dar credibilidad o ser indiferente a las falacias, por plausibles que parezcan o por endulzadas que se nos presenten, tendrá altísimos costos, sobre todo para los más vulnerables y la clase media. Ejemplos de endulzantes los hay por montones: “Democratizar” las instituciones técnicas y autónomas, como el Banco Central, es uno de ellos, pues la fórmula solo debilitará su prestigioso y reconocido rol técnico, pero nos hablan de democratizar. También se plantea “democratizar” los medios de prensa, lo que solo debilitará la libertad de expresión y el rol de control social que ellos cumplen, pero democratizar suena mejor. ¿Se da cuenta?

Y en la hora de cuestiones que sin azúcar son amargas, pero no por ello eludibles, ¿sabía usted que el próximo gobierno, cualquiera que sea y se precie de ser medianamente responsable, tendrá poco espacio (casi nulo) de gasto público? ¿Cómo puede ser entonces que algunos programas de gobierno se planteen con un elevadísimo costo fiscal, incluso más del doble que los que mostraron programas que se construyeron en épocas de bonanza y de menor déficit? ¿Es factible, en este escenario, que algunos programas (promesas) aseguren rentas básicas universales, pensiones universales, ampliar el catálogo de derechos sociales -que suponen financiamiento estatal- y mejoras salariales, con aportes de recursos fiscales (a la par que se nos promete que trabajaremos diez horas menos a la semana y que se repartirá, no obstante, el 30% de las utilidades de las empresas a los trabajadores)?

El candidato del Partido Comunista nos dice que sería factible, porque promoverá una reforma tributaria estructural que aumentará la recaudación entre 8 y 10 puntos del PIB y que solo pagará el segmento más privilegiado. ¿Será posible? La administración anterior acometió en 2014 una de las mayores reformas tributarias de los últimos años con miras a recaudar 3% del PIB. Sin embargo, según cifras de la Dipres, entre 2014 y 2016 la recaudación se desplomó en línea con el bajo crecimiento económico y en 2018 los cálculos mostraron que solo recaudó la mitad de lo esperado. ¿Cómo es posible? Y es que no se puede suponer que reformas de esa envergadura y con los instrumentos que se vienen proponiendo no tengan un impacto negativo en el crecimiento y en la inversión, más aún cuando además se promueven medidas que debilitan la certeza jurídica, el derecho de propiedad y el discurso político es hostil hacia la empresa. El impacto negativo se traduce, luego, en una menor oferta de empleo y de bienes y servicios, y así no serán solo unos pocos los que pagarán los costos. Los pagaremos todos y el descontento crecerá.

Los electores deben al menos preguntarse si lo que se promete tiene un mínimo de sustento y coherencia para no comprometer su futuro, el de sus hijos y de la nación toda. Es nuestro deber informarnos para tomar buenas decisiones y no rendirnos ante promesas de bienestar azucaradas, más aún si nos obligan a ir a votar.