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Editorial
Domingo 27 de junio de 2021
Sistema de jurados
"Plantearlo como eslogan de campaña es simplemente irresponsable".
Es interesante observar que los candidatos Daniel Jadue y Joaquín Lavín coinciden en la propuesta de introducir a los jurados en la administración de justicia chilena, y más aún cuando se atiende a los fundamentos que parecen sustentarla. Pues en uno y otro caso se trataría de quitar al menos una parte de su poder a los jueces profesionales para entregárselo al “pueblo” o a los ciudadanos, pero no con el fin de garantizar a los justiciables que serán juzgados por un grupo imparcial de entre sus pares, sino para que las sentencias que se dicten sean más acordes con el sentir popular o “ciudadano”, como quiera que cada uno de los candidatos lo interprete.
La introducción de jurados en el sistema de justicia chileno presenta problemas de diversa índole. En primer lugar, choca con la cultura jurídica y política del país y de la mayor parte de las naciones con sistemas jurídicos distintos del Common Law. En lo jurídico, todos los esfuerzos legislativos e institucionales desde el establecimiento de la República se han orientado en la dirección opuesta, es decir, a reforzar la independencia, imparcialidad y competencias técnicas de un grupo de jueces profesionales. En lo político, el sistema de jurados exige altísimas dosis de compromiso personal con el funcionamiento de las instituciones del Estado en general y de la administración de justicia en particular. Por ejemplo, Chile es un país donde ya resulta difícil contar con la presencia de los testigos en los juicios orales, de modo que no cuesta demasiado imaginar qué ocurriría si se tratara de que dediquen varias semanas o incluso meses completos a participar en un juicio oral, alejados por completo de sus actividades normales y de sus relaciones sociales. Por otro lado, es posible que tras las propuestas de los candidatos haya algo de desconocimiento de la verdadera función de los jurados en los países que los tienen; por ejemplo, no les corresponde establecer la magnitud de las penas, y deben limitarse a afirmar o negar si se encuentran probados los hechos previamente seleccionados por el juez.
Sin embargo, y tal vez sea esto lo más delicado, tampoco es posible descartar que se haya hecho el planteamiento con plena conciencia de estos problemas y de las importantes diferencias que hay entre la realidad de los jurados y lo que el nombre de la institución le sugiere a la mayoría de los posibles votantes. De otro modo no se entiende que una reforma a la justicia como esta sea un tema de campaña electoral. Desde luego, nada impide trabajar en una propuesta de reforma a la justicia que incluya un sistema de jurados, pero situando esta materia en el lugar que le corresponde dentro de las muchas demandas insatisfechas en la justicia civil, penal, de familia, laboral y de policía local, y haciéndose cargo seriamente de las dificultades culturales y sociales que presenta ese modelo. Plantear una justicia de jurados como eslogan de campaña es simplemente irresponsable.