Dos tercios de las familias del país, el 63,3%, eligen colegios particulares subvencionados o pagados para educar a sus hijos. De acuerdo con cifras del año pasado, el 54,3% de los escolares del país estudia en colegios particulares subvencionados y el 9% en colegios particulares pagados. El 32,4% cursa sus estudios en escuelas municipales y el 2,9% en los Servicios Locales de Educación.

¿Por qué los padres prefieren que sus hijos estudien en establecimientos gestionados por particulares? Las razones son múltiples y dicen relación con aspectos pedagógicos, identificación con los proyectos educativos y con la necesidad de conocer, con nombre y apellido, a las personas que cuidan y forman a sus hijos, entre otros motivos. Si se pregunta a los padres de un colegio subvencionado por qué sus hijos estudian allí, un establecimiento igualmente gratuito que un colegio público, dirá probablemente cosas simples e irrefutables, como que hay menos paralizaciones, los profesores hacen efectivamente sus clases, hay mayor compromiso, control y disciplina y una adecuada calidad de enseñanza.

¿Es legítimo que los padres puedan elegir esos valores, incluso a veces compitiendo con escuelas públicas dotadas de similar infraestructura y con rendimientos académicos equivalentes? Por supuesto que lo es. Y esta es una realidad que se ha consolidado tras la Reforma Educacional del año 2015, que eliminó el “copago, la selección y el lucro” en la educación subvencionada. El resultado, a cinco años de esa reforma, reveló que las familias no solo siguieron eligiendo el formato particular subvencionado como la opción preferente para sus hijos, sino que, como era previsible, se incrementó la demanda y la matrícula de esos colegios.

Entonces, si esa es la realidad, sostenida persistentemente desde el siglo pasado, resulta inexplicable y contradictorio que quienes dicen buscar representar a las grandes mayorías, quieran arrebatarles a estas el derecho a elegir el lugar donde estudien sus hijos. ¡Qué incoherencia más impresionante sería que a los padres se les negara la opción de educar a su hijo en un colegio gratuito, por el solo hecho de ser gestionado por privados! ¿Qué sociedad democrática e inclusiva permitiría tal despropósito?

Hace algunas semanas el constituyente Daniel Stingo manifestó textualmente en una entrevista que “sabemos que los colegios públicos son muy malos porque están 45 chicos en una sala, porque la infraestructura, los profesores están mal pagados, etcétera. Entonces, hay que invertir ahí, poner un ojo en eso. Yo estoy por terminar con los colegios particulares subvencionados porque en el fondo no tenemos por qué, los chilenos y chilenas, a través de nuestros impuestos, pagarles a privados, a pesar de que Bachelet logró que ya no tuvieran lucro. La idea es que el Estado se haga cargo, entre otras cosas, de la educación pública”.

Nada de lo afirmado es cierto. No es verdad que los profesores de colegios municipales sean peor remunerados que los de colegios subvencionados. La subvención escolar es exactamente igual para ambos formatos educativos, incluso la educación pública recibe aportes financieros adicionales a los entregados a los particulares subvencionados. No existe lucro, porque están gestionados por entidades sin fines de lucro. Si el constituyente estima que “los colegios públicos son muy malos”, lo que debe proponer es mejorarlos, pero no hacer desaparecer a los que funcionan bien y que son elegidos por la inmensa mayoría de las familias.

Esta semana, en uno de los debates de primarias presidenciales, los periodistas preguntaron claramente sobre educación y recibieron respuestas confusas. Uno de los candidatos incluso propuso modificar sustancialmente la institucionalidad de los colegios particulares pagados. En varios de los programas presidenciales publicados no se habla una palabra de la educación particular, que es mayoritaria en el país.

Chile quiere saber, especialmente el 64% de las familias que eligen para sus hijos colegios particulares subvencionados y particulares pagados, si efectivamente pretenden reemplazarlos por una educación preferentemente estatal, controlada por los gobiernos de turno. Ese no es el país en el que quisiéramos vivir la inmensa mayoría de los chilenos, que queremos un futuro en libertad, con más justicia e inclusión, con provisión mixta en educación y proyectos educativos diversos, como felizmente lo garantizan los tratados internacionales suscritos por Chile, que representan uno de los límites concordados en la Constitución, lo que deberá ser respetado por la Convención Constituyente.

Si ahora van por los colegios gestionados por privados, queremos saberlo sin ambigüedades.

Hernán Herrera Russell
Presidente nacional Conacep A.G.