El candidato Daniel Jadue ha planteado en su programa de gobierno algunas medidas relativas a los medios de comunicación. En su opinión un mercado de medios suprime algunas voces y los medios en sí mismos pueden emitir un discurso que distorsione y empañe la realidad. Ha sugerido entonces crear un consejo ciudadano que vigile el ámbito de la comunicación pública estableciendo estándares que satisfagan la objetividad.

Una correcta evaluación de ese punto de vista requiere formular algunas distinciones.

Desde luego, debe distinguirse la pluralidad de la libertad de expresión. La pluralidad designa al número de voces que acceden a la esfera pública, en tanto la libertad de expresión designa la carencia de control por parte del Estado del contenido del discurso. Se trata, como es fácil advertir, de cuestiones distintas. La propuesta del candidato Daniel Jadue parece confundirlas. Él parece pensar que para alcanzar la pluralidad de voces en la esfera pública es imprescindible el control del discurso.

Pero se trata de un error que él debiera rectificar.

Una cosa es responder a la pregunta cuántos y qué puntos de vista se ponen a disposición de la ciudadanía; otra cosa es responder la pregunta relativa a si existirá un control ex ante del discurso que puede ser emitido. La respuesta a la primera pregunta alude al nivel de pluralidad de la esfera pública; la respuesta a la segunda, a la libertad de expresión existente.

Respecto de la primera pregunta no cabe duda de que hoy existe mayor pluralidad de voces en la esfera pública que nunca antes. Ello es el resultado de los cambios en la infraestructura de la comunicación humana. La existencia de redes y de internet ha favorecido la creación de medios de diversa índole con muy bajos costes, todos los cuales compiten con la prensa escrita y televisiva. Todos esos medios se disputan las audiencias; aunque, como es inevitable, con distintos niveles de éxito. Y existen políticas disponibles en las democracias liberales para hacer aún más plural la comunicación. Entre ellas las reglas de mustcarry en el cable, los concursos públicos para acceder a fondos, o, como ocurre en Chile, la existencia de medios estatales cuya línea editorial incluye la más amplia pluralidad.

Lo anterior no debe ser confundido, sin embargo, con la libertad de expresión, que es el derecho que asiste a los individuos a emitir discursos o contenidos simbólicos sin control previo de ninguna índole.

Quien mejor explicó el fundamento de esa libertad fue Baruch Spinoza, cuyo punto de vista (contenido en su Tratado Teológico Político, 1670) vale la pena recordar.

Para Spinoza “no es posible que un hombre abdique su inteligencia y la someta absolutamente a la de otro”, de manera, agregó, que se comete una injusticia cuando se pretende prescribir a cada uno lo que debe aceptar como verdadero o rechazar como falso”. El derecho de pensar era, en su opinión, un derecho natural, algo que nos pertenecía en virtud de nuestra índole, se trataba de un rasgo consustancial que no podríamos enajenar aunque quisiéramos. Por eso, observó, es “imposible que todos los hombres tengan las mismas opiniones acerca de las mismas cosas y hablen de ellas en perfecta conformidad”. De ahí se seguía entonces, concluye, que “sería un gobierno violento aquel que rehúsa a los ciudadanos la libertad de expresar y enseñar sus opiniones”.

Lo que Spinoza sostiene es que la capacidad de discernir qué es correcto y qué no, qué es bueno y qué es malo, se encuentra en cada uno de los seres humanos, puesto que se trataría de una característica constitutiva o, si se prefiere, de un rasgo definitorio de aquello en que consiste un ser humano. Si alguien pretende controlar el contenido del discurso está pretendiendo que posee mayor capacidad de discernimiento que los demás y estaría entonces negando que la racionalidad es nuestra característica constitutiva o desconociendo que ella está distribuida entre todos por igual.

Mientras la pluralidad de voces favorece la democracia, el control del discurso o de los medios la ahogaría del todo.

No formular esa distinción es el error en el que incurre el candidato Daniel Jadue.

Carlos Peña