Señor Director:

Una vez más, el profesor de Derecho Civil Hernán Corral se aventura en la disciplina del Derecho Internacional Público. Y una vez más, lo hace confundiendo sus conceptos esenciales. En su última iteración, critica la decisión del Gobierno de promulgar el Protocolo Facultativo de la Cedaw.

Este Protocolo permite a individuos presentar comunicaciones ante un comité de expertos por posibles violaciones a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Frente a ello, el comité —que no actúa como un Tribunal— emite recomendaciones a los Estados.

Este mecanismo tiene importantes ventajas de naturaleza general y particular. Por un lado, permite avanzar en el desarrollo de los estándares de derechos humanos y contar con una interpretación razonada de las obligaciones que los Estados tienen en esta materia. Y, por otro, genera mecanismos eficaces de reparación a las víctimas.

Los informes periódicos a los que hace alusión el profesor Corral son necesarios, pero no suficientes, y de ello tenemos ejemplos varios en nuestro propio país. En este sentido, las comunicaciones individuales han funcionado como un incentivo para que los Estados actúen con mayor celo en el cumplimiento de la Cedaw. Así, Francia terminó impulsando la ley que permite cambiar el orden de los apellidos y Holanda amplió su posnatal.

Al profesor Corral le convendría saber que los miembros del Comité son expertos reputados en la materia, elegidos por los mismos Estados y que trabajan ad-honorem. Pero, claro, él los llama “funcionarios internacionales”. Con soberbia se jacta de que su interpretación personal de la Convención es la correcta, mientras que los expertos se apartarían de su texto y su espíritu.

Sin duda, uno puede tener diferencias con algunos aspectos de las recomendaciones del Comité, pero ello no significa que el Estado deba abandonar un mecanismo diseñado para fortalecer la protección de los derechos humanos.

Es una lástima ver, una vez más, cómo algunos invocan una supuesta cesión de soberanía para evitar que el Estado adquiera compromisos internacionales en materias tan importantes como los derechos de la mujer. La experiencia nos ha enseñado que fortalecer el orden jurídico internacional no significa socavar nuestra soberanía, sino una resignificación de ella, con la responsabilidad, solidaridad y cooperación internacional en el centro.

La decisión del Gobierno en esta materia fue acertada y va en línea con la política exterior histórica en nuestro país, que ya es parte, por ejemplo, de los protocolos facultativos de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Sin embargo, el profesor Corral sugiere dar un vuelco en esta materia, abandonar estos mecanismos y ponernos del lado de El Salvador y Cuba, que son los países de la región que no han ratificado el Protocolo Cedaw.

Benjamín Salas Kantor
Abogado