Cual si faltaran, la aprobación del proyecto que declara feriado el Día Nacional de los Pueblos Indígenas agrega un nuevo ejemplo a las muestras de improvisación e irresponsabilidad en el modo de legislar que han venido acumulándose en el último año y medio. Aunque el respectivo mensaje presidencial fue ingresado en noviembre del año pasado, el Congreso terminó despachando la iniciativa apenas cuatro días antes de la fecha en que este feriado regirá. Así, recién ayer los chilenos se enteraron de que este lunes no podrán desarrollar sus actividades del modo habitual. En un contexto tan anormal como el que se ha vivido producto de la pandemia y las cuarentenas, se ha añadido de esta manera un factor más de distorsión. Desde la alteración de los procesos productivos hasta la reprogramación de procedimientos médicos, las audiencias judiciales o los trámites ante el Estado, las repercusiones de esta decisión son vastas y dañarán a personas concretas. Sin embargo, el voluntarismo —en este caso, la determinación de que el nuevo feriado rija sí o sí este año, sin importar los costos de haber zanjado el tema a último momento— ha terminado prevaleciendo por sobre cualquier otra consideración y los afectados deberán simplemente resignarse.

Inobjetable resulta la intención de reconocer a los pueblos originarios como parte fundamental de nuestra identidad nacional y destinar un día del año a ese efecto. Con todo, hubiérase esperado que este justo reconocimiento se enmarcase dentro de una discusión más amplia respecto de los numerosos feriados que hoy contempla nuestro calendario y el sentido de cada una de esas fechas. En efecto, ellas se han venido multiplicando inorgánicamente, al punto que ya en 2017 un estudio ubicaba a nuestro país, junto a Colombia, como los dos que registraban el mayor número de feriados en la región; en promedio, unos 15 en el año. La naturaleza de estos es muy diversa e incluye la conmemoración de hechos históricos relevantes, acontecimientos religiosos, festividades regionales y hasta normativas tan caprichosas como la que se aprobó a fines de 2016 para establecer que, cada vez que el 18 y 19 de septiembre correspondan a un sábado y domingo, el viernes 17 será feriado, misma disposición que opera respecto del 2 de enero cuando el Año Nuevo es domingo.

Tal panorama impone una revisión más profunda respecto de cuáles de esas fechas tienen hoy un real sentido cívico por su importancia histórica, por expresar valores nacionales relevantes o por su significación para sectores amplios de la población; es probable que varias carezcan hoy de tales resonancias, que es lo que justifica su carácter de feriados. Por cierto, una racionalización del calendario, que considere la eventual supresión de algunas fechas, podría ir eventualmente acompañada de alguna extensión de los períodos vacacionales, pero abordando el tema desde una mirada sistémica y procurando terminar con la peligrosa dinámica de simplemente incorporar festivos sin hacerse cargo de las consecuencias de más amplio alcance, o transformándolo en un mero ejercicio de poner y quitar días en rojo.

Temas como esos pudieron marcar la discusión de este nuevo feriado. En lugar de ello, se desarrolló un debate apresurado y no exento de alcances odiosos, como fue la idea de eliminar la celebración del 12 de octubre, que alcanzó a ser aprobada por el Congreso y que a última hora rectificó un veto presidencial. Corolario de una tramitación accidentada, este veto cambió además la fecha que originalmente había propuesto el mismo Ejecutivo para el feriado, del 24 de junio al día de cada año correspondiente al solsticio de invierno en el hemisferio sur. Pero —tal vez considerando que este año el solsticio será el domingo— agregó que en 2021, excepcionalmente, el Día de los Pueblos Indígenas se celebrará el lunes. Qué mejor testimonio de improvisación legislativa.