Defensa de la democracia

Si algunos esperaban que, después de la elección, en los convencionales primara la contención, la adopción de un tono tranquilo y prudente, acorde con la enorme responsabilidad de proponer al país el texto de una nueva Constitución, la realidad en demasiados casos ha sido distinta. Decenas de ellos han mantenido un estilo estridente, que incluye declaraciones rupturistas o intencionadamente ambiguas sobre el respeto a las normas, acompañadas de expresiones que dan cuenta de una profunda ignorancia sobre la tarea que les ha sido encomendada o que derechamente develan el propósito de hacer fracasar el proceso. No han faltado quienes amenazan con parar la Convención si no se cumplen sus demandas particulares, tampoco los que se enfrentan directamente con autoridades en ejercicio, advirtiéndoles con soberbia sobre los cambios que las afectarán, o aquellos que siguen protagonizando las redes sociales y programas de televisión, en una especie de carrera por quién descalifica más o provoca mayor confusión. Parecieran no importarles las consecuencias de la incertidumbre y de las falsas expectativas que sus declaraciones generan, como si el país fuera inmune a este comportamiento imprudente.

Si bien ello refleja a una parte de la Convención, cuyo número en todo caso no es despreciable, han tenido un protagonismo facilitado por la debilidad y condescendencia de varios de quienes, por su trayectoria, se esperaría una mayor claridad en la defensa de mínimos principios democráticos.

La declaración de 34 constituyentes, autodenominados la “vocería de los pueblos”, llamando a desconocer no solo las normas constitucionales que regulan el proceso, sino también el resto de las instituciones democráticas vigentes, es el caso más extremo. Sin embargo, ello no está lejos de lo reiteradamente sostenido por el Partido Comunista y por otra serie de constituyentes electos, en orden a quitarle legitimidad a la institucionalidad que hace posible una nueva Constitución y atribuirse un poder originario que nadie les ha asignado, el que únicamente encontraría límites en sus propias conciencias y en un supuesto contacto directo con el “pueblo”, que solo ellos parecen poder escrutar.

No estamos ante un tema que cabe desdeñar; se trata quizás del más importante que puede plantearse una democracia: el respeto a las normas, sin el cual aquella deja de existir. Por ello, si cualquiera de estos ataques a la institucionalidad se materializa, es un deber de los poderes del Estado restablecer el orden democrático y hacer efectivas las responsabilidades que correspondan. De lo contrario, se entra en una deriva que fácilmente puede conducir a la anarquía o al autoritarismo.

Reglamento: primera señal

Una señal decisiva sobre el acatamiento institucional a la tarea encargada será el debate y aprobación del reglamento de la Convención. Ello implica un pronunciamiento sobre una gran variedad de temas estratégicos para la elaboración de un nuevo texto Constitucional, y en ningún caso se pueden desbordar directa o indirectamente las normas vigentes que regulan su funcionamiento, como, por ejemplo, los quorum establecidos o el plazo de duración. Cabe esperar por ello que el indispensable diálogo y debate se encauce dentro de los amplios límites acordados, única manera de alcanzar un resultado fructífero.

Por otra parte, una discusión sobre el reglamento que se prolongue por meses, en una especie de espera a los resultados de la elección presidencial y parlamentaria, contribuiría a su desprestigio y alejaría a los convencionales de su tarea de elaborar un texto constitucional pensado para regir por largo tiempo, más allá de la contingencia y las concretas autoridades elegidas.

Orrego versus Oliva

La segunda vuelta de la elección de gobernadores en la Región Metropolitana entre Claudio Orrego y Karina Oliva ha centrado gran parte del debate de los últimos días. Quizás como ningún otro proceso eleccionario hasta ahora, este da cuenta de la verdadera contienda que está enfrentando a la centroizquierda y la izquierda más radical: se trata de una medición de fuerzas por quién tiene la supremacía. Cualquiera que haya seguido de cerca este proceso, sobre todo en las redes sociales, no puede dejar de impresionarse por el grado de descalificaciones, distorsiones, desprecio y agresividad al que se ha llegado en la campaña, particularmente desde los sectores de izquierda más extrema. La idea de que el verdadero peligro no es hoy la derecha, sino “lo amarillo”, en alusión a la ex-Concertación y quienes han protagonizado gran parte de los últimos 30 años, se ha plasmado con una virulencia inusitada, en una estrategia que busca aplastar a cualquiera que pueda representar la moderación.

Para distintos analistas políticos, poco a poco resulta más evidente que empieza a abrirse un abismo entre un sector radical, que busca la ruptura del orden establecido, y otro reformador, para el que cabe admitir distintos modelos de sociedad dentro de la democracia representativa.