El Banco Central acaba de elevar su estimación de crecimiento para el año. De acuerdo al último IPoM, el impulso fiscal es uno de los factores centrales detrás de esta mayor proyección: si en marzo se esperaba una expansión fiscal del 5% nominal, hoy se espera una del 25%. Según el texto, este cambio “llevará a exceder significativamente el déficit estructural programado para el año, lo que el Gobierno formalizaría invocando una ‘cláusula de escape' de las metas fiscales comprometidas”.

El concepto de “cláusula de escape” se entiende en el contexto de las reglas fiscales. Las reglas son restricciones a la política fiscal cuyo objetivo es proporcionar un compromiso creíble hacia su sostenibilidad. En todas las democracias del mundo, las demandas ciudadanas ponen presión sobre las arcas fiscales. En este contexto, las reglas ayudan a los gobiernos a imprimir una mirada de largo plazo a las políticas que implementan.

Las reglas fiscales deben, al mismo tiempo, ser lo suficientemente flexibles para permitir enfrentar eventos económicos negativos de carácter temporal. Las cláusulas de escape permiten desviaciones transitorias de la regla, lo que es especialmente relevante en situaciones con impactos importantes. Las cláusulas también definen un proceso transparente para recuperar la senda previa una vez superado el evento inesperado.

Si bien la regla fiscal chilena no contempla formalmente la posibilidad de aplicar una cláusula de escape, es del todo razonable que ante casos tan costosos como la crisis del covid-19, el fisco se expanda más allá de lo que la regla permite. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos tomar otros elementos en cuenta.

El primero es que, informalmente, Chile lleva años aplicando una cláusula de escape. Para ello se invocan cambios en los parámetros de medición y/o en los objetivos fiscales. En otras palabras, hace rato que la regla fiscal no se cumple. Y aunque los gobiernos se esfuercen por tenerla de guía, ya ni siquiera existe la expectativa de que la cumplan. Las cláusulas de escape son por definición desvíos temporales, no permanentes. La flexibilidad es importante, pero no debe usarse como excusa para gastar más siempre.

Lo segundo es que ni hoy ni en estos años de incumplimiento se ha explicitado un plan sobre cómo volver a la senda de sostenibilidad. El Consejo Fiscal Autónomo ha propuesto revisiones concretas a la regla, de modo de complementarla con una mirada de mediano y largo plazo que hoy no tiene. Si bien ello es importante, no es suficiente si no hay un reconocimiento claro, desde el mundo político, de que las presiones de gasto tienen mucha inercia y de que se necesita limitar en el tiempo lo que debe ser transitorio y buscar formas sostenibles para financiar lo que debe ser permanente.

En tercer lugar, recientemente la política fiscal se ha desviado también de sus principios más básicos. A pesar de la magnitud de la crisis, el gasto fiscal apenas se expandió en el 2020. Seguramente la caída del PIB habría sido menor de haber habido una acción estatal más decidida. En cambio, este año, en medio de una importante recuperación económica, la política será fuertemente expansiva. En pocas palabras, el fisco está actuando en forma procíclica.

En la misma línea, las proyecciones recientes de lo que se puede gastar no están definidas por la regla o por una cláusula de escape, sino sobre la base de las estimaciones de la Dirección de Presupuestos respecto de “holguras” para los próximos años; esto es, de fondos que se proyecta recibiría el fisco por sobre sus compromisos. Más allá de la incertidumbre de estas estimaciones, esta forma de hacer política fiscal es una renuncia a seguir la regla.

Finalmente, en la misma línea, no deja de llamar la atención el vocabulario que utiliza la autoridad. Desde hace un tiempo ya, el Gobierno habla de los “esfuerzos” que realiza para elevar las pensiones solidarias o para extender programas como el Ingreso Familiar de Emergencia. Gastar no requiere de esfuerzo. Lo que es difícil es no gastar o lograr el financiamiento necesario para tomar nuevos compromisos.

Las presiones fiscales están aquí hace rato y aún pareciera que el mundo político no las reconoce en toda su magnitud o no desea hacerse cargo de ellas, dejando el problema para las generaciones que vienen. El Estado chileno tiene espacio para endeudarse, lo que da tiempo para tener una discusión seria y abordar este problema. Pero ese tiempo y espacio no son infinitos.

La discusión constitucional es también una oportunidad en este sentido, pues permite la posibilidad de establecer un mandato desde la ciudadanía hacia la política sobre la relevancia de la sostenibilidad fiscal. Puede hacerlo de distintas formas, incluyendo establecer que los derechos y garantías que consagre la nueva Constitución se atiendan con responsabilidad fiscal. Este mandato daría legitimidad ciudadana a un compromiso político hacia la sostenibilidad fiscal que parece haberse perdido.