Editorial
Domingo 06 de junio de 2021
Exenciones tributarias
La expectativa de lograr por esta vía un aumento sustantivo y permanente de la recaudación es difícil de satisfacer.
El anuncio del Presidente Piñera de impulsar un acuerdo para aumentar la recaudación fiscal por medio de la reducción o eliminación de exenciones tributarias era, en cierta forma, esperable. Las necesidades fiscales derivadas de la pandemia exigen revisar tratamientos impositivos extraordinarios que podrían no solo financiar los mayores gastos, sino que también corregir distorsiones que, establecidas en el pasado, hoy no se justifican.
El último Informe de Finanzas Públicas (IFP) contiene una actualización del gasto tributario (esto es, los ingresos fiscales que dejan de recibirse por las exenciones) para 2020 usando las metodologías del FMI y la OCDE, y corrigiendo serias deficiencias metodológicas de estimaciones anteriores. La cuantificación no está exenta de dificultades, requiriendo muchos supuestos, pero los nuevos cálculos de Hacienda, Impuestos Internos y la Dirección de Presupuestos sugieren valores en torno a los US$ 5.500 millones para 2020, bastante menos que estimaciones anteriores.
Aunque muchas exenciones no se justifican, otras sí podrían hacerlo y algunas ser muy difíciles de modificar. Un punto de partida para la discusión es el Informe sobre Exenciones y Regímenes Especiales, elaborado por un grupo de economistas encabezado por el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara. Surgen de este debate interrogantes relevantes. Por ejemplo, los servicios de educación no pagan IVA en la actualidad. ¿Es viable o deseable un cambio en esta materia? Similar situación ocurre con algunos beneficios tributarios con que cuentan las pymes. ¿Es posible o deseable modificarlos para igualarlos al tratamiento de otras empresas? ¿Y qué ocurre con aquellos referidos al transporte de pasajeros? Una discusión transparente y serena sobre esta materia ha de reconocer que los tratamientos especiales deben ser extraordinarios y tener adecuada justificación. Por otra parte, persisten dudas metodológicas respecto del diferimiento de impuestos, que permite a las empresas o personas, bajo ciertas condiciones, postergar el pago de tributos. Una modificación aquí aumentaría la recaudación hoy a costa de disminuirla en el futuro, levantando interrogantes sobre su impacto en la recaudación permanente del Estado.
Un análisis realista de las diferentes partidas da cuenta de que un aumento sustantivo y permanente en la recaudación proveniente de la eliminación de exenciones es una expectativa difícil de satisfacer. Al mismo tiempo, este debate probablemente permitirá advertir que, una vez instaladas, las exenciones son muy difíciles de eliminar. Tal conclusión debiera estar presente en el diseño y propuestas de políticas públicas, reconociendo el valor de tratamientos tributarios generales y simples.
El último Informe de Finanzas Públicas (IFP) contiene una actualización del gasto tributario (esto es, los ingresos fiscales que dejan de recibirse por las exenciones) para 2020 usando las metodologías del FMI y la OCDE, y corrigiendo serias deficiencias metodológicas de estimaciones anteriores. La cuantificación no está exenta de dificultades, requiriendo muchos supuestos, pero los nuevos cálculos de Hacienda, Impuestos Internos y la Dirección de Presupuestos sugieren valores en torno a los US$ 5.500 millones para 2020, bastante menos que estimaciones anteriores.
Aunque muchas exenciones no se justifican, otras sí podrían hacerlo y algunas ser muy difíciles de modificar. Un punto de partida para la discusión es el Informe sobre Exenciones y Regímenes Especiales, elaborado por un grupo de economistas encabezado por el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara. Surgen de este debate interrogantes relevantes. Por ejemplo, los servicios de educación no pagan IVA en la actualidad. ¿Es viable o deseable un cambio en esta materia? Similar situación ocurre con algunos beneficios tributarios con que cuentan las pymes. ¿Es posible o deseable modificarlos para igualarlos al tratamiento de otras empresas? ¿Y qué ocurre con aquellos referidos al transporte de pasajeros? Una discusión transparente y serena sobre esta materia ha de reconocer que los tratamientos especiales deben ser extraordinarios y tener adecuada justificación. Por otra parte, persisten dudas metodológicas respecto del diferimiento de impuestos, que permite a las empresas o personas, bajo ciertas condiciones, postergar el pago de tributos. Una modificación aquí aumentaría la recaudación hoy a costa de disminuirla en el futuro, levantando interrogantes sobre su impacto en la recaudación permanente del Estado.
Un análisis realista de las diferentes partidas da cuenta de que un aumento sustantivo y permanente en la recaudación proveniente de la eliminación de exenciones es una expectativa difícil de satisfacer. Al mismo tiempo, este debate probablemente permitirá advertir que, una vez instaladas, las exenciones son muy difíciles de eliminar. Tal conclusión debiera estar presente en el diseño y propuestas de políticas públicas, reconociendo el valor de tratamientos tributarios generales y simples.
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