Señor Director:

José Miguel Ahumada y Ha-Joon Chang afirman (columna de ayer) que nuestro dinamismo noventero se estancó y estaríamos pegados en “varios niveles”. Mezclan, sin embargo, niveles de características malas per se —como la precariedad laboral (hoy en todo caso mejor)— con otras que no —como la diversificación de exportaciones (hoy para el caso también mejor)—. No explican, además, por qué nos habríamos estancado. ¿Habrá entonces que volver 30 años atrás?

Luego plantean su idea: “las fuentes de desarrollo” están en las “capacidades productivas colectivas de una sociedad” y no “únicamente en el emprendimiento individual”, como si este último existiera. Todo emprendimiento es colaborativo y, por lo tanto, colectivo: puede ocurrir entre amigos, familias o dentro de una empresa, donde colaboran diferentes agentes, ideas y proveedores; en todos se pagan impuestos con los que les pagamos a jueces y licitamos autopistas; unos se financian con bancos y otros con el Estado; a veces colaboran con científicos y otras con artistas. En fin. Esa dicotomía es inexistente, un invento.

Dicen que el Estado es el único que puede crear “nuevas estructuras productivas” de manera “eficiente”, pero eso no es así. Y en promedio —lo que en realidad importa—, las estructuras productivas evolucionan y varían eficientemente a una velocidad y en direcciones que el Estado es incapaz de percibir, prever y menos dirigir. Le puede achuntar una vez, obvio, como también lo puede hacer una universidad, pero es mucho mejor que miles de personas, empresas e iniciativas colaboren dinamizando las sociedades —y así las estructuras productivas—, apostando por diferentes ideas y cambios, grandes y chicos. Unos fracasan y otros celebran. Si el Estado fuese el único que puede descubrir las “estructuras eficientes”, entonces quedémonos a merced de él en una sociedad chata y gris.

Los autores terminan hablando de la necesidad de que existan organismos públicos que “subsidien y coordinen” conocimiento y empresa; de “subsidios condicionados al desempeño”; de que el Estado sea “tomador de riesgos”, y de crear un Banco de Desarrollo. Además de revisar los peligros de esos bancos que reparten botines entre políticos y empresarios —ver caso BNDES-Odebrecht—, podrían darse una vuelta por Corfo, y los ministerios de Economía y de Ciencia, que hacen justamente todo eso a lo que se refieren. Y antes, eso sí, deberían revisar los millones que le pagamos a una consultora extranjera a fines de los 2000 para que nos dijera que “apostáramos” en industrias como la minería, la fruticultura y el turismo. Nunca se supo si habían hecho espiritismo con Alonso de Ercilla, el Abate Molina o Ignacio Domeyko. Y sería útil también rememorar el lobby que hicieron diferentes gremios para que se incluyeran más industrias —había otras igual de obvias en todo caso—, en las políticas que se promovieron, las clásicas políticas discriminatorias y compradoras de grupos de interés; muy difíciles sino imposibles de remover.

Fernando Claro V.
Fundación para el Progreso