A pesar de las sorpresas que depararon las elecciones de hace tres semanas, se mantuvo inalterable que los aportes privados a las campañas se concentraron en candidatos de derecha. En efecto, 19 de las 20 candidaturas constituyentes con más financiamiento privado fueron del pacto Vamos por Chile. También, los aportes privados a los candidatos convencionales de derecha duplicaron los de todos los candidatos restantes, al igual que en elecciones anteriores.

Cabe preguntarse, entonces, por qué esta ventaja de recursos importa cada vez menos. Los motivos son varios. Primero, gracias a las reformas de 2016, la contribución pública a las campañas electorales es ahora mayor que la privada. Esto porque se incrementó, en un 33% para los hombres y un 67% para las mujeres, el monto que el Estado transfiere a los candidatos por voto obtenido. También porque hay menos contribuciones privadas, probablemente porque se prohibió el financiamiento de empresas y porque ahora se conoce la identidad de los principales financistas, de modo que es menos atractivo financiar la política si se esperan favores a cambio.

Segundo, las reformas anteriores prohibieron opciones costosas y efectivas de hacer campaña. En una medida particularmente valorada por la ciudadanía, pasamos de tener calles inundadas de propaganda y gigantografías a lugares específicos para poner publicidad, y se reguló el tamaño de los carteles. Tercero, el uso de redes sociales ha abaratado el costo de las campañas.

Las reformas de 2016 también contribuyeron a renovar la política. Al introducir el financiamiento público de los partidos, quienes obtenían los recursos perdieron poder y aparecieron nuevos liderazgos. El caso más evidente es que Mario Desbordes llegara a presidir RN. Antes era imposible competirle a Carlos Larraín en el control del partido, no tanto porque se tratara de un líder visionario, sino más bien porque era el principal mecenas. Las nuevas reglas de campaña y financiamiento también contribuyeron a que emergieran los partidos del Frente Amplio y Evópoli.

A más de un analista de derecha pueden no gustarle los nuevos actores en política, pero no cabe duda de que la cancha está más pareja en materia de financiamiento de campañas y partidos, y que esto ha llevado a que emerjan nuevas opciones en todo el espectro político que son valoradas por la ciudadanía.

Cabe preguntarse, entonces, por qué la confianza ciudadana en los partidos, que lleva largo tiempo en niveles de un dígito, continúa bajando, llegando a 2% en la última encuesta CEP. Y, más importante, cuáles son los caminos de solución y en qué medida estos pasan por la Nueva Constitución.

A pesar de avances importantes, como los ya descritos, las reformas de 2016 fueron claramente insuficientes en todo lo relativo a mejorar la democracia interna de los partidos. Hubo medidas obvias que el Congreso no quiso aprobar. Por ejemplo, la presencia desmedida de militantes de San Ramón en el padrón del PS era de público conocimiento desde mucho antes de los escándalos que gatillaron las reformas, no obstante lo cual, o tal vez precisamente por eso, fue imposible aprobar que el Servel organizara las elecciones internas de los partidos. También, al Servel se le dio autonomía constitucional, dado que asumía el rol de fiscalizador de los partidos, pero no se modificó cómo se designa su consejo, de modo que la mayoría de sus miembros tiene un conflicto de interés evidente entre cumplir su rol fiscalizador y proteger los intereses del partido con el cual se ha identificado toda una vida.

Varias reformas pendientes en la agenda de modernización del Estado también contribuyen a la debilidad actual de los partidos. Por ejemplo, cuando los partidos se llenan de personas en busca de cargos en el sector público, se debilita el rol propositivo y de representación con que estos aportan a una mejor democracia. A pesar de que el Sistema de Alta Dirección Pública ha contribuido a profesionalizar el sector público, sigue pendiente tener un Servicio Civil y reducir sustancialmente los cargos de confianza política.

Finalmente llegamos al tema del sistema político. No es casualidad que gobiernos tan distintos como el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y el gobierno actual hayan tenido grandes problemas para ordenar sus propias coaliciones cuando el nivel de apoyo de la máxima autoridad cae bajo 30%. Ese es un problema del sistema presidencial que tenemos, el que lleva a gobiernos sin mayoría en el Congreso y a problemas de gobernabilidad serios.

Varios de los temas planteados arriba debieran abordarse en la Convención Constituyente. ¿Cómo combinar autonomía constitucional con autoridades que cumplen el rol para el cual fueron designadas evitando conflictos de interés? La importancia de tener, finalmente, un Servicio Civil para tener un Estado que funcione mejor y responda a las necesidades de las personas. Y un sistema político que dé gobernabilidad. En este último tema es evidente que el Congreso y los partidos deben tener más influencia que bajo el sistema actual. Lo que no es nada de obvio, sin embargo, es cómo se hace la transición desde el sistema actual al sistema que se apruebe en la nueva Constitución. El tema no es menor, porque los líderes partidarios que iniciarán el proceso deberán cambiar sus prácticas político-partidistas para que las cosas funcionen bien con el nuevo sistema.