El exministro de Hacienda y de Educación de la Concertación, Nicolás Eyzaguirre, ha dejado establecida su disposición a votar por el candidato presidencial del Partido Comunista. Ello a pesar de reconocer que no está de acuerdo, nada más y nada menos, que con sus “concepciones de la democracia”, como si la noción que se tenga al respecto fuera secundaria y trivial. Ha afirmado, asimismo, que “la derecha no puede gobernar este país”, pues si lo hiciera, “sería el enfrentamiento final entre unos chilenos y otros”. Y así, sin pudor, ha cancelado el derecho de cientos de miles de chilenos (más de un tercio del electorado en la elección de concejales) a competir pacíficamente en las urnas, con su visión y sus ideas para lograr un mejor país, so pena de desatar una guerra civil.

Esto podría ser solo una anécdota y una confirmación de que nunca es fácil ser de derecha, y menos lo es en medio del auge de la cultura Woke y del predominio mediático de sus apóstoles que moralizan, juzgan y condenan a quienes se apartan un milímetro de los cánones de lo que ellos consideran lo políticamente correcto y justo. Lo cual, por cierto, nunca coincide con las creencias de la derecha. Tampoco es agradable ser denunciado permanentemente como depositario del egoísmo, del abuso y la encarnación del fascismo. No es gratificante ser constantemente conminados a aceptar la supuesta superioridad moral de todos los demás.

Sin embargo, los dichos del exministro (de los cuales muchos en distintas formas se han hecho eco) no son anecdóticos, ni atentan solamente contra la autoestima de la derecha. Subyacente a esta descalificación del derecho de algunos a gobernar existe una peculiar noción, muy ominosa, de lo que es la democracia.

La democracia es mucho más que un conjunto de procesos electorales en que la mayoría que gana es poseedora de una verdad única, incontrarrestable y final. Cuando esta visión, profundamente polarizadora, se entroniza, la conclusión lógica es el fin del pluralismo, de la alternancia en el poder y eventualmente el surgimiento del partido único. Por el contrario, la cultura democrática, sin la cual ninguna disposición constitucional, por perfecta que sea, puede funcionar, implica que todos los sectores tienen la misma legitimidad política para postular al poder, sin que ello implique la amenaza de violencia.

Hay preguntas fundamentales respecto a esta inhabilitación política de la derecha. ¿Qué opciones tiene ese conjunto de personas, implícitamente expulsadas del espacio público, para hacer valer su visión, su diagnóstico y sus propuestas para el país? Si no tiene legitimidad para gobernar y si no puede ser una alternativa viable, ¿tiene posibilidad de fiscalizar y actuar como contrapeso a quienes gobiernan? ¿O deben estos detentar un poder absoluto, basado en una idea rectora única, la de la izquierda? ¿Cómo se canalizan los disensos si algunos son expulsados del demos? ¿En qué se diferencia esa visión de democracia de las llamadas “populares”, que entregan poderes ilimitados a los gobiernos?

En este clima no es fácil vislumbrar un futuro auspicioso de diálogo, basado en la tolerancia y el reconocimiento de la legitimidad del otro.