Puede ser discutible —y de hecho lo ha sido en el Chile de los últimos 100 años— si es conveniente y lícito proscribir determinadas ideologías políticas por su apología de la violencia. Sí, puede ser discutido, y entre los demócratas caben legítimamente las dos posturas.

¿Pero tiene sentido para la vida en común discutir el otorgamiento de una amnistía o de un indulto —según los casos— para determinados sectores violentistas, cuando el único objetivo es congraciarse con ellos y con sus inductores, sin consideración alguna por los efectos que ese perdonazo traerá para la paz social? No; no cabe sino considerar esa posibilidad como un atentado más a la Patria, al sabio salus populi suprema lex esto.

Quizás la consideración de dos de los más alevosos crímenes políticos cometidos en nuestra historia ayude a reflexionar a quienes hoy se nublan ante el mal y lo convalidan por libertad.

Recordemos dos momentos dramáticos. El primero:

Indultado por Salvador Allende en diciembre de 1970, uno de los hermanos Rivera Calderón fue, pocos meses después, el autor directo del alevoso asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, el 8 de junio de 1971, es decir, exactamente medio siglo atrás. Si más no fuera por la mínima coherencia con la propia historia, no debiera haber parlamentario democratacristiano alguno que pudiera ni de lejos sumarse a una iniciativa tan perversa, como es la proposición de indultos para los incendiarios y saqueadores del 18-O y días posteriores. Pero los hay.

¿Está tan definitivamente diluida la conciencia de ciertos DC como para que, aunque solo fuese por pudor histórico, no les haga ni cosquillas el sumarse a un perdonazo con reminiscencias allendistas y que tuvo consecuencias tan dramáticas para su partido?

Y ahora, el segundo:

Fue en un día de marzo de 1991, treinta años atrás, sí, que Jaime Guzmán se dirigía al Congreso pleno para evitar una reforma constitucional que iba a permitir indultar a terroristas. Lo expresó dramáticamente, afirmando que “votamos en contra… porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, en momentos en que el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme, y sin equívocos, de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza”.

La reforma fue aprobada. Pocos días después, el 1 de abril de 1991, Jaime Guzmán era asesinado.

Hoy, la aprobación de medidas que liberen de culpa a los violentistas tendrá, en ellos mismos, un efecto devastador.

Convencidos de que su único error es haberse dejado capturar, los incendiarios y saqueadores mirarán incrédulos cómo las instituciones que ellos desprecian y atacan, les conceden total libertad para reagruparse y potenciar sus nuevas agresiones. Los más sutiles deducirán que ya no hay freno alguno para sus propósitos insurreccionales y desplegarán al máximo su fuerza destructora. Antes ya habían conseguido la inhabilitación de Carabineros para perseguirlos y ahora comprobarán que tampoco los políticos tienen voluntad alguna de impedirles su acción devastadora. Chipe libre, concluirán.

Y en la ciudadanía sana, en quienes han sido afectados en sus bienes y derechos de manera brutal por la violencia insurreccional, en los comerciantes y en los estudiantes, en los taxistas y en los transeúntes, en los vecinos y en los emprendedores, ¿qué sensación puede quedar al aprobarse una medida exculpatoria?

Una decepción profunda, y la confirmación de que no vale la pena participar en procesos democráticos si los mismos que dicen representar los intereses de los más sencillos, deciden optar en realidad por los más groseros.

Así se destruye la democracia.