Uno de los debates que están marcando el actual momento apunta a la intención de retirar al sector privado de ámbitos en los que viene cumpliendo un importante papel, particularmente en aquel que se llama genéricamente “soluciones privadas a problemas públicos”. Los bordes de esta área son difusos, pero incluyen desde el término de los seguros privados en salud como se conocen actualmente hasta la gestión y propiedad del agua, pasando por un desarrollo productivo estatal en los así denominados sectores estratégicos y una sustitución del sistema privado de pensiones. Por cierto, no hay una visión uniforme en todos los ámbitos que pueden agruparse en una enumeración como esta, pero captura una sensibilidad que está presente con fuerza. Es, por lo demás, una discusión propia de momentos como los actuales, en que todo está en revisión, pero no se puede tener mucha confianza en estos planteamientos si no van acompañados de una voluntad complementaria de transformación profunda del Estado.

En la gestión del agua, por ejemplo, contrariamente a lo que se piensa, el Estado ha sido central y con pobres resultados. Es cierto que los privados han solicitado derechos a través del tiempo y, en ocasiones, no los usan, pero es algo que ocurre habitualmente en estos mercados. No está ahí el problema de la falta de agua en algunas zonas. Y si hay casos en los que se han utilizado más derechos de los asignados, son evidentemente conductas reprochables, pero corresponde al Estado hacer cumplir las reglas. Esas conductas, por lo demás, podrían ocurrir bajo cualquier régimen jurídico de las aguas. Sin embargo, el salto que han tenido la agricultura y otras actividades sería impensable sin un esquema como el actualmente vigente, sin perjuicio de los mejoramientos que requiere. La virtud del esquema elegido en Chile se prueba, también, en el hecho de que se encuentra entre los países con mayor cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el mundo. ¿Cuáles son las evidencias que hacen pensar que ello se podría haber logrado con instituciones diferentes o que podrían sostenerse en el futuro, particularmente si no hay un empuje transformador para el Estado? Con matices, esto se puede replicar en otros ámbitos.

La transformación del Estado actual en uno muy profesionalizado y al servicio de los ciudadanos se posterga, en gran medida, porque hay una interconexión entre la actividad política y una parte relevante de los funcionarios públicos. La posibilidad, entonces, de que las soluciones “públicas” a problemas públicos produzcan buenos resultados se encuentra lejos de estar garantizada, especialmente si las reformas al Estado no se abordan. El presupuesto público se ha multiplicado en dólares de igual valor por casi seis veces entre 1990 y el presente año. Si bien una parte de estos recursos se transfiere al sector privado o a las personas, el grueso es gestionado por el Estado con pobres resultados. Esta evidencia constituye un argumento relevante para advertir que la reducción de espacios para los privados, sin cambios profundos en la institucionalidad estatal, está condenada al fracaso. De hecho, una parte importante de la crisis que vive Chile —no la única— se origina en el mal desempeño de muchas instituciones públicas.

Una preocupación similar debe manifestarse frente a aquellas voces que sugieren transferir más responsabilidades y recursos a los nuevos gobiernos regionales y, sobre todo, a los municipios. Estos últimos carecen de una institucionalidad robusta y su gestión deja mucho que desear. Típicamente son los servicios del Estado en los que la Contraloría descubre proporcionalmente más anomalías y donde, además, existe mayor espacio para “funcionarios de confianza”, muchas veces en estructuras paralelas. Una reforma profunda de su orgánica es necesaria antes de pensar en esa descentralización.

Las voces que quieren asignar nuevas responsabilidades al Estado y reducir la provisión privada deben, en primer lugar, plantear un compromiso de modernización profunda de ese Estado. Si no lo colocan al centro de sus preocupaciones, el planteamiento real es concentrar poder en pocas manos sin beneficiar a los ciudadanos. Nada bueno puede emerger de ello.