Un buen número de los constituyentes coincide en reemplazar el “modelo neoliberal” por uno que entregue un rol activo al Estado en la vida económica y social. No se trata de más o menos impuestos, o más o menos derechos garantizados, sino abiertamente de un rol dominante del Estado en vastas áreas. Si los resultados electorales reflejan un deseo de romper con privilegios, la receta propuesta es una gran manera de acrecentarlos.

En “¿Por qué fracasan las naciones?” (así como en otras publicaciones), Acemoglu y Robinson discuten sobre el marco institucional que diferencia a los países con altos niveles de desarrollo social y económico de aquellos que han fracasado en el intento. Mientras los primeros tienen instituciones inclusivas, los segundos tienen instituciones extractivas. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas, pero la clave está en la repartición del poder y el imperio de la ley.

Cuando el poder está concentrado, las leyes se hacen en favor de quienes lo detentan. Esto aplica tanto para grupos privados que influyen en las políticas públicas como cuando el Estado tiene un rol preponderante en el quehacer económico. El control de la política por parte de los negocios bloquea la inclusión y el desarrollo, ya que el objetivo es capturar rentas en vez de innovar. Pero lo mismo ocurre cuando el Estado controla los negocios y regula arbitrariamente la actividad privada. La razón es simple: quienes viven del Estado y tienen el poder, también tienen incentivos a generar rentas, repartirlas a su favor y reelegirse. No es la naturaleza lo que diferencia a quienes trabajan en el sector privado y en el sector público, sino las reglas y los incentivos que enfrentan.

Una institucionalidad inclusiva requiere que los gobiernos tengan poder acotado y que su potestad reglamentaria sea no discriminatoria. Ello justifica, por ejemplo, límites en su actividad económica. También justifica la existencia de instituciones autónomas. No se trata de generar organismos que vivan en el Olimpo, pero sí de generar contrapesos. Si la democratización de las instituciones busca mejorar su rendición de cuentas, bienvenido, pero si lo que busca es doblegar su quehacer al gobierno de turno, no es más que extractivismo estatal.

Si el argumento dominante es que unos pocos tienen mucho poder, no deja de ser paradójico que la solución pase por entregárselo a otros pocos. La Lista del Pueblo argumenta que, cansados de la ineficiencia de los partidos políticos, busca crear una Constitución que no olvide las demandas de la gente. Pero sus propuestas —y las de otros constituyentes— les entregan un tremendo poder a los mismos políticos que rechazan, o a los que vendrán. ¿Será esa la voz del Pueblo?