Ya realizada la elección de constituyentes, se inicia el proceso de redacción de una nueva Constitución. Ella será sometida, más adelante, a un plebiscito ratificatorio. Este trabajo se vislumbra difícil con una Convención que terminó con una composición de gran representatividad de base, pero a la vez muy fragmentada, integrada por una mayoría de independientes, muchos de ellos con agendas propias y muy diversas y con los partidos políticos de centroizquierda y de centroderecha con muy baja representación. La fragmentación de la Convención anticipa negociaciones difíciles sobre su presidente, su reglamento y su contenido final, lo que hace complejo predecir hoy el proyecto constitucional que la Convención aprobará. Se requiere construir confianzas y aunar esfuerzos para redactar una Constitución que sea aceptable a la mayoría de los constituyentes y que facilite la convivencia y el progreso económico y social. Una señal temprana de la dirección que puede tomar la Convención será el proceso de la elección de su presidente/a y de aprobación de su reglamento, los que van a dar luces sobre la dirección que pueda tomar y la capacidad de llegar a consensos.

El proceso constitucional genera la oportunidad para elaborar una Constitución que represente mejor las aspiraciones de la sociedad actual y que permita avanzar en acuerdos institucionales que faciliten la gobernabilidad, para avanzar en resolver los problemas que más apremian a la población y que han estado detrás del malestar social de los últimos años: delincuencia/inseguridad ciudadana; desempleo; un servicio de salud público de atención más allá de la primaria deficiente; la corrupción política; las bajas pensiones; la pobreza y la mala calidad de la educación temprana, básica, media y técnica (reportadas en la Encuesta Espacio Público-Ipsos 2020).

Pese al progreso de los últimos 30 años, aumentar el acceso a servicios de salud y educación de calidad para todos y garantizar mejores pensiones siguen siendo las áreas cruciales de trabajo para ampliar la red de seguridad social y mejorar la distribución del ingreso y de las oportunidades. Los temas de salud, educación y pensiones están también entre las propuestas de derechos sociales que debieran incluirse en la Constitución.

Para avanzar hacia la solución de estos problemas se requiere como primera prioridad reformar el sistema político (la combinación de régimen político, partidos y sistema electoral) para reducir la atomización, lo que debiera fortalecer la gobernabilidad y permitir lograr acuerdos para atender mejor las demandas de la sociedad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, sin un crecimiento sostenible, se hace muy difícil financiar una agenda social que se haga cargo de las demandas de los chilenos. La alternativa de recurrir a un mayor endeudamiento público, después de la dinámica que ha tomado la deuda pública, es un camino muy peligroso (ver informe reciente del Consejo Fiscal Autónomo).

Los países emergentes y en desarrollo tienen experiencia redactando constituciones que incluyen derechos sociales ambiciosos, descuidando las condiciones para un crecimiento sostenido que permita financiarlos (Argentina y Brasil son ejemplos cercanos), lo que, finalmente, atenta contra la posibilidad de satisfacer estos mismos derechos tan anhelados. Por ello, se requiere que la Convención ponga debida atención a las condiciones que hacen posible un crecimiento sostenido.

Políticas e instituciones que favorecen el crecimiento sostenido y el progreso social son el respeto de la ley y el cumplimiento del Estado de Derecho, derechos de propiedad robustos, la libertad para emprender, el orden macroeconómico financiero —donde la autonomía del Banco Central, solvencia fiscal y una adecuada regulación y supervisión financiera son esenciales—, la apertura externa, la competencia y una educación de calidad, para mejorar la igualdad de oportunidades y la distribución del ingreso. Esto se basa en la larga experiencia acumulada de diversos estudios de los factores detrás del progreso con inclusión social (S. Fischer, 2011; M. Spence et al., 2012; D. Acemoglu y J. Robinson, 2012, entre otros). Por cierto, la Constitución debe generar el marco legal que haga posible su cumplimiento.

En particular, dentro de la institucionalidad económica, es esencial la autonomía del Banco Central, la que debiera estar consagrada en la Constitución manteniendo al Banco Central como un ente autónomo, de carácter técnico y con patrimonio propio, cuyo principal rol sea la estabilidad de precios, con una serie de resguardos, incluyendo el mecanismo de remoción de los miembros de su consejo, las instituciones financieras con que puede operar, la prohibición de financiar directamente al fisco, y que sea regido por un órgano superior, con un mecanismo de selección determinado por ley (principios que están bien definidos en la propuesta de S. Claro y R. Valdés, 2020). Del mismo modo, es fundamental también que el derecho de propiedad esté debidamente resguardado en la Constitución. Si se mantiene el sistema presidencial, es central que la iniciativa exclusiva en materia de gastos e impuestos se mantenga en manos del Poder Ejecutivo, para así proteger la solvencia fiscal, pero se requiere permitir mayor participación del Congreso en lo que atañe a la composición del gasto público.

El crecimiento tiene que complementarse con políticas públicas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades y facilitar que los grupos más pobres de la población tengan acceso a un ingreso y a una pensión adecuada. La igualdad de oportunidades y de trato se promueve con un mejor acceso a servicios esenciales de educación y de salud de calidad, con sistemas meritocráticos en el sector público y privado y con una adecuada protección de los derechos de las personas.

Volviendo al proceso constitucional iniciado, los principales riesgos que se enfrentan son que la economía de mercado, los derechos de propiedad y la institucionalidad fiscal y monetaria queden muy debilitados, lo que afectaría el crecimiento y la provisión de bienes públicos, frustrando, una vez más, las expectativas de la población, lo que lamentablemente terminaría debilitando aún más la gobernabilidad y el progreso.

Hay muchas áreas que discutir (algunas descritas en la columna) y las miradas son diversas y fragmentadas. Creo necesario que el debate constitucional se nutra de las experiencias constitucionales de nuestra historia y de otros países para no poner en riesgo la institucionalidad económica, retomar el progreso, mejorar la convivencia, avanzar en la agenda social y no frustrar las expectativas puestas por la mayoría de los chilenos en el proceso constitucional.