La deliberación razonada, la reflexión y la necesaria pausa, en tanto atributos indispensables del proceso de toma de decisiones, por cierto, incluye a las decisiones políticas. Sin embargo, la política pareciera empeñada en hacer el contrapunto. Desde luego, la ansiedad y celeridad que se observa en la tramitación de ciertas iniciativas legislativas no se da en otras. La política corre y vuela para las cuestiones políticas y ralentiza, cuando no detiene, decisiones importantes para el bienestar de los ciudadanos.

Llama la atención que, tras las elecciones del 15 y 16 de mayo, la política se haya embarcado rápidamente en dos líneas de acción, ninguna de las cuales me parece responde a un proceso reflexivo, en que se haya tomado la necesaria distancia para sopesar los posibles efectos. Por una parte, ya hay tres iniciativas legales presentadas a discusión en el Congreso, una en el Senado —patrocinada por senadores de la centroizquierda y un senador oficialista—, y otros dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados, de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, que buscan que los independientes puedan participar en las elecciones parlamentarias de fin de año (y también en las futuras elecciones de concejales), en una fórmula similar a la que se planteó para la Convención Constitucional, esto es, a través de pactos o listas que los agrupen. Por otra parte, y asumo habida cuenta del porcentaje de participación electoral de la última elección, se ha reactivado con fuerza el debate del voto obligatorio en la Cámara de Diputados.

En un año electoral, la política corre, el punto es hacia dónde y con qué objetivos. En un régimen democrático, el rol de los partidos no se sustituye con estructuras temporales de participación ciudadana. No se trata aquí de plantear que los independientes no puedan participar. Todo lo contrario, ellos aportan con ideas frescas y valiosas a revitalizar la actividad política, la que es dinámica y debe esforzarse por ser atractiva. Pero entonces ¿por qué no poner el acento en reformas que hagan de los partidos políticos instituciones más interesantes para los ciudadanos, para atraer a sus filas, o las de sus conglomerados, a los independientes o a nuevos militantes? Profundizar, desde la política, un relato en el que las instituciones medulares de la democracia representativa, como lo son los partidos políticos, están en retirada, es una contradicción en sí misma. Mejorar la democracia interna y la gobernabilidad de los partidos, profundizar sus referencias programáticas y su sistema de rendición de cuentas, creo, debieran ser parte de las cuestiones a debatir y no cómo los jubilamos. La política es una actividad noble y consustancial al proceso democrático y de lo que debemos ocuparnos es de su continuo perfeccionamiento y mejora, no de cómo la desvanecemos con fines electorales cortoplacistas.

Respecto del voto obligatorio, me parece muy pertinente y relevante que se discuta, pero hagámoslo con antecedentes sobre la mesa. Mas allá de las motivaciones electorales, sería deseable que la discusión incluyera lo que ocurre en democracias consolidadas y en las que no lo son tanto, qué tipo de comportamientos e incentivos genera en los votantes una y otra fórmula, cómo impactará el cambio —desde el voto voluntario a uno obligatorio con inscripción automática (que no es lo mismo que teníamos antes del cambio al voto voluntario)— en el comportamiento de los partidos, los electores y en el tono de la discusión. ¿Tenemos claridad si los problemas que hoy se detectan, como la polarización, son estructurales al voto voluntario o tal vez derivan del sistema electoral o de ambos?¿En qué proporción? ¿Hará más atractiva la política o no? Me parece una discusión muy pertinente, pero no una en la que deban tomarse decisiones apresuradas.

Esta celeridad (por no decir ansiedad) contrasta con la ralentización, y en algunos casos con el rechazo, por parte del Parlamento, de iniciativas que son de gran interés para los ciudadanos (y que debieran también serlo de sus representantes ¿no?) como aquellas relativas al orden público, a la salud —los proyectos de Fonasa e Isapres están completamente paralizados— y a la integración social urbana. La explicación para la falta de trámite, parálisis o rechazo sería que muchas de estas materias deben esperar a la nueva Constitución, pero me parece que los ciudadanos no votaron en el plebiscito de octubre, ni en las elecciones de mayo para que todo se paralice en pos de una nueva Constitución. Quieren que el país se dé un nuevo pacto social, pero no han dado un mandato de poner en pausa las urgencias.