Señor Director:

Se discute en el Congreso un proyecto de ley que reduciría (hasta diciembre de 2022) el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a un 10% para algunos bienes y servicios —alimentos, productos sanitarios, hotelería, restaurantes y locales afines, asistencia sanitaria y dental, estética y belleza integral, servicios y establecimientos deportivos, flores y plantas ornamentales, entre otros— y a un 4% para otros, los llamados “productos básicos” —pan, harina, huevos y leche, libros, diarios y revistas, medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales y productos intermedios.

Esta diferenciación en la tasa del IVA tiene dos efectos: (1) hace artificialmente más baratos algunos bienes y servicios, lo que les da una ventaja competitiva a sus productores, y (2) aumenta el poder adquisitivo de aquellos hogares que consumen esos bienes y servicios, independientemente de su nivel de ingreso. El primer efecto desnivela la cancha y genera incentivos para que los distintos sectores hagan lobby buscando ser incluidos en la lista de los beneficiados. De estas experiencias hay muchas a lo largo de la historia (¿se acuerda de los aranceles diferenciados en los años setenta?). Además, ¿quién decide qué bienes o servicios deben incluirse en cada categoría? La actual experiencia de los “bienes esenciales” (que pueden venderse en fase 1 de la cuarentena) es un recordatorio de los problemas que estas políticas generan.

El segundo es un efecto redistributivo: una familia de altos ingresos que gasta mucho en restaurantes, estética y belleza integral, o en tratamientos dentales para tener dientes más blancos, va mucho al gimnasio, toma mucha leche descremada y compra muchas flores para adornar la casa o bien, muchos libros para entretenerse durante los fines de semana en cuarentena, va a mejorar su estándar de vida. ¿Es ese el objetivo de la medida?

Si lo que se busca es ayudar a algunos sectores productivos o a las familias más pobres, que han pasado momentos difíciles por la pandemia, hay otros instrumentos más adecuados para este fin —subsidios y transferencias directas.

Leonardo Hernández
Escuela de Administración UC, Clapes UC