Si antes de la pandemia algunas experiencias electorales internacionales demostraron la eficacia del uso de las redes sociales como estrategia de campaña, la crisis sanitaria reforzó esta tendencia. Esto ha terminado muchas veces por hacer de la política electoral un encuentro virtual, reemplazando lo que solía ser el trabajo puerta a puerta o el contacto directo por mensajes personalizados que puedan movilizar y convocar. Para lograrlo, se ha optado por construir vínculos estrechos con pequeñas comunidades aglutinadas en torno a causas comunes definidas y así atender a sus anhelos y necesidades, buscando una adhesión que se concrete en el voto. Es esta nueva personalización de la política la que fue ampliamente difundida y analizada luego del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, campaña en la que el mensaje emotivo, polarizante e incluso falso buscaba impactar para obtener los comportamientos electorales deseados.

La reciente e inédita experiencia electoral en el país no estuvo ajena a este fenómeno. Por una parte, las dificultades para hacer campaña debido a las restricciones sanitarias parecen haber relevado la franja televisiva, que —pese a su pobre contribución al debate de fondo— se convirtió en un instrumento de visibilidad para sectores como la Lista del Pueblo, cuyos videos, de contenido agresivo y con la participación de conocidos actores, generaron alta controversia. Por otra parte, el uso intensivo de las redes sociales por candidatos que de esta manera buscaron salvar las limitaciones de las cuarentenas y los aforos, les permitió posicionarse mediante mensajes directos y empáticos, pero también simplificadores de la realidad.

Conseguir una robusta red de seguidores se ha convertido en un instrumento clave de acción política, pero no solo como medio de promoción, sino también como un instrumento polarizador y un escudo virtual ante la crítica, la que es denostada, buscando la victimización forzada y generando respuestas agresivas que incluso pueden adquirir la forma del discurso de odio. Se observa aquí una tendencia preocupante, cual es la utilización de las redes para descalificar o directamente “funar” a los adversarios. Varios candidatos fueron blanco de dichas arremetidas; un ejemplo fue el del exministro y candidato a constituyente René Cortázar (DC), violentamente interpelado por una postulante del Partido Comunista mientras hacía campaña, en una acción luego viralizada por esa colectividad. Personalidades, políticos e incluso periodistas también han sido víctimas de estas campañas de desprestigio y amedrentamiento, como lo sufriera, por ejemplo, una periodista del diario La Tercera tras informar acerca de la investigación del Ministerio Público sobre la compra de luminarias para la comuna de Recoleta, que encabeza el reelecto alcalde Daniel Jadue.

Presionadas ante la alarma que genera el mal uso de estas plataformas, las empresas tecnológicas han establecido consejos de análisis de contenidos para evitar la difusión de falsedades o expresiones que exalten la violencia, tomando medidas que incluso pueden implicar la suspensión indefinida de una cuenta, situación que afecta al expresidente Trump. Por cierto, estas decisiones no han estado exentas de críticas por supuestos sesgos.

La penetración de las redes sociales es irreversible y ha transformado la forma de hacer campaña, acción propia y crucial de todo proceso democrático. Es responsabilidad de los actores políticos evitar que su uso transgreda los principios básicos de la democracia, como son la tolerancia y la libertad de pensamiento. Pero es sobre todo tarea de la ciudadanía exigir dicho respeto.