Este fin de semana es un fin de semana histórico. Por primera vez elegiremos a quienes redactarán una nueva Constitución para Chile, sin exclusiones, con participación abierta, y asegurando la paridad de género y la representación de los pueblos originarios.

El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, suscrito por un grupo amplio de representantes del espectro político, dio pie a un proceso que ha permitido al país enfrentar los problemas de su democracia con herramientas de la democracia. El plebiscito de octubre convocó una alta participación a pesar del riesgo de contagios, en particular entre los jóvenes. Una amplia mayoría de quienes votaron entonces aprobaron la idea de avanzar hacia una nueva Constitución redactada íntegramente por personas electas.

Hasta hace pocos años parecía un proceso imposible. Para algunos, cambiar la Constitución era simplemente “fumar opio”. ¿Cuántas veces se dijo que no era prioridad para la ciudadanía, que los problemas eran otros? Bueno, hoy el proceso pareciera ser el camino que nos permite aspirar a una mejor convivencia, a hacernos cargo de nuestras grietas sociales.

Es cierto que muchos de los problemas sociales, cuya reparación demanda la ciudadanía, no están en la letra de la Constitución. Las bajas pensiones, la larga espera para conseguir una necesaria intervención quirúrgica en la salud pública, la difícil realidad de los campamentos y la escasez de agua en muchos territorios, por ejemplo, son materia de ley y no de la Constitución.

Pero al menos debiéramos preguntarnos qué sucede con nuestro sistema político que no ha sido capaz de abordar con eficacia estos problemas. ¿Cuántos proyectos de ley de reforma a las pensiones se han discutido en el Congreso en los últimos años sin que se haya alcanzado una solución concreta? Lo mismo sucede en salud, en la capacitación para el empleo, en la provisión de servicios de sala cuna y en una reforma integral a Carabineros, además de muchos otros ámbitos de relevancia para la ciudadanía.

Resolver los problemas sociales sí pasa por la Constitución. Pasa por acordar un régimen político, con todas las aristas que ello involucra, que nos lleve a gobiernos de mayoría, a gobiernos eficaces que logren avances sustantivos. No es mi área de especialización, y entiendo que es una materia que abarca muchos temas de importancia, pero creo poder decir con confianza que debemos modificar nuestro presidencialismo excesivo y también los incentivos actuales hacia gobiernos de minoría, gobiernos que enfrentan a múltiples oposiciones en el Congreso con poca motivación para lograr acuerdos y avanzar. Debemos buscar un sistema que logre gobiernos de mayoría y fomente la colaboración.

Hay otros ámbitos relevantes que también son claramente materia constitucional. La descentralización política y administrativa es uno de ellos. Las políticas que se definen desde el centro, que tratan a las localidades como si fueran homogéneas, no han logrado niveles mínimos de equidad a través de los territorios, y no han permitido que sus capacidades y necesidades se expresen de manera adecuada.

Lo mismo se puede decir de los derechos sociales, económicos y culturales. La Constitución actual tiene un claro sesgo hacia garantizar la libertad de elección en relación a estos derechos y no su contenido. Es más, lo hace aplicando reglas del mercado, permitiendo al sector privado discriminar en áreas fundamentales de la vida de las personas.

En ocasiones, los tribunales se las han arreglado para avanzar en estos derechos de manera indirecta. Por ejemplo, han invocado el derecho a la vida para asegurar el derecho al agua y al financiamiento de prestaciones de salud de alto costo que los planes actuales no cubren. Esa es una solución problemática. En muchas ocasiones llega tarde, y no asegura equidad en su provisión ni tampoco la necesaria responsabilidad fiscal.

Hay algunos que se sienten atemorizados por este proceso. Piensan que se afectará cosas tan básicas como el derecho a propiedad o la necesaria autonomía del Banco Central. Este temor no es más que falta de confianza en la sensatez que expresan las grandes mayorías del país. Basta con darse una vuelta y escuchar las propuestas de buena parte de los candidatos a la Convención para descartar estos miedos.

En la misma línea, algunos expresan preocupación por la incertidumbre que traerá el proceso. Claro que conlleva incertidumbre, qué duda cabe. Pero, ¿imaginan cuán incierto sería el futuro de no habernos embarcado en este proceso?

Deseo mucha suerte, ánimo y templanza a quienes resulten electos para la Convención. Tienen una enorme responsabilidad en sus manos: dialogar hasta conseguir un pacto social duradero, que asegure una mejor convivencia en el país para las generaciones actuales y para las que vienen.