Un profundo análisis de la realidad económica presentó el Banco Central en su último Informe de Estabilidad Financiera. En su mensaje más general, el informe da cuenta de la normalización gradual de la actividad, no obstante la incertidumbre que persiste. Junto con ello, se observa que la situación financiera de empresas y personas es algo mejor a lo anticipado durante el segundo semestre de 2020. La recuperación ha permitido a las empresas retomar sus ventas, bajando sus niveles de endeudamiento y, por otra parte, también los hogares han reducido su deuda.

Aunque una estabilización —y en algunos casos mejorías— de la situación financiera de empresas y hogares es una buena noticia, ello no se debe a que la crisis haya sido de menor magnitud, sino a los significativos apoyos recibidos, que están reflejados en otras partes de la economía. Por de pronto, en el caso de los hogares, el menor endeudamiento es, en cierta medida, un espejismo, toda vez que buena parte de este está financiado con los ahorros de las mismas personas. Por otro lado, las empresas terminarán con niveles de deuda bastante mayores a los existentes antes de la crisis. Ello ha sido posible por el uso intensivo de medidas que comprometen gasto público, especialmente en garantías. No debe entenderse que esa expansividad fiscal no esté justificada, pero el hecho sí permite advertir que los costos de la crisis deberán pagarse más adelante.

Una conclusión similar puede obtenerse de las acciones del Banco Central. Con una actitud proactiva, no solo ha ampliado fuertemente su provisión de liquidez a los bancos comerciales, sino que ha implementado numerosas políticas para evitar fluctuaciones excesivas en los mercados financieros. Los montos involucrados en estas operaciones han hecho que su balance se duplique en los últimos 18 meses. Estas acciones pueden dar la sensación de que los retiros y la incertidumbre no tienen efectos financieros, lo que es erróneo. La alta provisión de liquidez involucra complejidades para el manejo de la política monetaria hacia adelante y dificulta una adecuada valorización de los riesgos inherentes. Más aún, como ha recalcado el mismo Central, los grados de libertad para usar su balance como mecanismo para limitar la volatilidad son cada vez menores.

Por ello, no debe desoírse el llamado de atención respecto de que los retiros generan dificultades crecientes sobre el funcionamiento de la economía, mientras la incertidumbre institucional —reflejada de manera prístina en la discusión sobre anticipo de rentas vitalicias— introduce costos progresivamente mayores para el actuar de instituciones que, en buena parte, han asumido la crisis. En definitiva, resulta cada vez más difícil y costoso implementar políticas económicas que se hagan cargo de legislaciones inadecuadas y debates populistas.