Notable es que en los últimos 30 días el Congreso despache dos leyes importantes para modernizar la institucionalidad del Estado: el estatuto migratorio y la ley sobre el sistema para gestión de desastres naturales. Ambas legislaciones crean una nueva orgánica y servicios públicos robustos, de mayor jerarquía, que sustituyen a la Onemi y al Departamento de Extranjería.

Lamentablemente, la tramitación de las iniciativas demoró entre 10 y 8 años para reemplazar legislaciones de 45 o más años atrás

Subsiste el marasmo de las autoridades en temas de interés para la seguridad y soberanía nacional. Es el caso de la institucionalidad sobre ciberseguridad, que requiere de una agencia especializada, hoy inexistente, con un responsable, medios y facultades para prevenir y responder a los ataques cada vez más frecuentes, de alto riesgo para la continuidad de servicios del Estado y protección de su información sensible y de fraudes.

Por años se anticipa un proyecto de ley marco sobre seguridad e infraestructura crítica de la información, aún no presentado, y está pendiente, desde marzo de 2020, el nombramiento de un nuevo delegado presidencial para coordinar con los sectores público y privado acciones y políticas públicas en estas materias.

Son innumerables los ciberataques que han pretendido, y a veces logran, interrumpir servicios, desestabilizar gobiernos, alterar elecciones, sustraer informaciones reservadas que ponen en riesgo la soberanía, la seguridad nacional, el patrimonio fiscal y los derechos de las personas.

La demora gubernamental para modernizar la protección cibernética que corresponde al Estado se contrapone a la prontitud de la ley que estableció severas obligaciones a las empresas, sus directores y ejecutivos por sus responsabilidades en velar por la ciberseguridad.

Otro caso de inmovilismo modernizador, vinculado a la soberanía nacional, es la demora del Gobierno para crear una Agencia para la Defensa del Estado ante Tribunales Extranjeros. Se cuenta con una ley habilitante, del gobierno anterior, y con la propuesta de una comisión de juristas nombrada por el ministro de Justicia. La judicialización de los temas internacionales que comprometen el patrimonio del Estado y la soberanía nacional se multiplica, y Chile carece de institucionalidad para abordarla. La propuesta involucró meses de trabajo y ni siquiera los comisionados han sido informados de su suerte.

Probablemente, si se hubiese tratado de leyes con beneficios electorales, su propuesta y aprobación tomarían solo meses. Mientras tanto, algunos parlamentarios disponen de tiempo para presentar iniciativas de menor trascendencia, como una del mes pasado, sobre la contaminación ambiental por colillas de cigarrillos.