El momento crítico que sufre Chile no es solo el resultado de la pandemia, sino de una clase política que no ha logrado asumir su papel frente a la radicalización promovida por las redes sociales, ciertos medios y grupos radicalizados. El fenómeno explica lo que de otro modo sería incomprensible: la claudicación de los principios que forjaron décadas de progreso, la negación de las estrategias desarrolladas para promover el crecimiento y el desconocimiento de los logros asociados a la transformación socioeconómica. Tal evidente como preocupante situación, sumada a una administración que no ha dado con la fórmula para contener los embates en contra de la institucionalidad, representa el mayor desafío político del país en décadas.

En este contexto, los esfuerzos por diseñar un marco de entendimiento y gobernabilidad entre el Gobierno y parte de la oposición representan una oportunidad para brindar algo de racionalidad al debate público ante un complejo escenario social y económico. La agenda de mínimos comunes constituye así un intento transversal por consensuar medidas de apoyo a los hogares y pequeñas empresas afectados por la pandemia y sus efectos. Aún es temprano, sin embargo, para constatar si lo que parecen tibios aires republicanos concluyen ofreciendo un camino de conducción de mediano plazo.

Respecto del contenido de lo inicialmente propuesto por el Ejecutivo, en lo relativo a las pymes se presenta un programa de apoyo especial Covid-19 por un monto equivalente a US$ 1.000 millones que serían destinados en forma de subsidios, la postergación del pago del IVA para los meses de mayo, junio y julio, y un proyecto de alivio tributario orientado a otorgarles mayor liquidez. En cuanto a la red de protección social, la propuesta ofrece el aumento de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 80% al 100% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares (14,5 millones), implicando un costo cercano a los US$ 6.000 millones hasta junio. Respecto del financiamiento de los nuevos instrumentos, el proyecto plantea un incremento de la deuda pública, así como la revisión de exenciones tributarias como las franquicias para las ganancias de capital y el crédito especial del IVA para la construcción, el aumento del impuesto sustituto FUT y nuevas modificaciones a los impuestos para algunos bienes de lujo.

La minuta oficialista sería complementada con las propuestas que surjan desde la oposición liderada por la actual presidenta del Senado. Pese a ello, ya se observa la poca acogida al anuncio del Ejecutivo en algunas bancadas de la Cámara Baja (DC, RD, CS, PC y PS), donde las discrepancias en torno a los instrumentos de ayuda social amenazan la consecución de un acuerdo transversal; de hecho, el Frente Amplio y el Partido Comunista anunciaron que se restarán de las tratativas. En cuanto a contenidos, aunque la propuesta gubernamental considera la ampliación de uno de los beneficios más importantes desde el surgimiento de la pandemia, el IFE, la oposición insiste en la implementación de una Renta Básica Universal incondicional, equivalente al monto de la línea de pobreza, para todos los hogares del RSH. Incluso, pese a que la agenda de mínimos comunes apenas ha iniciado su discusión, ya este martes era ingresado por diputados de oposición un nuevo proyecto de reforma constitucional para la instauración de esa renta universal. El costo de este tipo de iniciativas, su impacto sobre los incentivos o su conexión con una ya amplia red de protección social, parecen no preocupar al Congreso o al menos a esos parlamentarios.

En función del comportamiento observado por la oposición durante los últimos años y la debilidad del Ejecutivo, parece predecible que la agenda de mínimos comunes, más que para resolver los problemas transitorios de la pandemia, será utilizada por una parte de la izquierda para imponer cambios permanentes en nuestra institucionalidad en materia de políticas sociales. La afiebrada y radical discusión tributaria —ahora finalmente cuestionada por técnicos de centroizquierda— aparece como un buen ejemplo, que ayer dio otro paso con la aprobación por la Cámara de un inconstitucional proyecto de royalty minero. Lo mismo cabe decir de la permanente transformación de la red de protección social y de los retiros de los fondos de pensiones.

Así, es natural que este proceso de diálogo suscite miradas encontradas. Los optimistas valorarán, con razón, el mejor ambiente político y verán en el nuevo ánimo de acuerdos una oportunidad para un país que demanda con urgencia recuperar un mínimo espíritu republicano. Lamentablemente, la experiencia y ciertas actitudes de estos días también dan razones a los escépticos para temer una mera extensión de las improvisaciones que han caracterizado la política nacional en el último tiempo.