Señor Director:

En su carta de ayer, Felipe Harboe y Jorge Correa explican el error jurídico de quienes creen que la Convención Constitucional podría modificar sus propias reglas, yendo más allá de las normas constitucionales que la regulan. Conviene, con todo, revisar también el trasfondo político del planteamiento que empujan Fernando Atria, Marcos Barraza y otros candidatos de izquierda.

Para ellos, como consta en múltiples textos y entrevistas, lo que autorizaría a la Convención extralimitarse en sus funciones es que estamos en presencia de un proceso empujado directamente por “el pueblo”. Sin embargo, si con esto se refieren a la violencia, el saqueo y el vandalismo, lo cierto es que esos crímenes no tenían norte conocido ni constructivo (y cabe esperar que ellos no los avalen). Si, en cambio, estos candidatos se refieren a la dimensión pacífica de la protesta, ella fue tan significativa como inorgánica. Se expresó un malestar muy masivo, pero jamás hubo liderazgos ni petitorios definidos. La demanda constitucional estaba presente, pero junto a muchas otras.

El origen próximo del itinerario constituyente, entonces, no reside en la violencia del 18 de octubre y ni siquiera en la “marcha más grande de Chile”, sino que en el acuerdo firmado en la madrugada del 15 de noviembre. Fueron casi todas las fuerzas con representación parlamentaria las que dibujaron este camino como vía para destrabar el conflicto. Se trató de un generoso esfuerzo de mediación política, cuyas reglas fueron ratificadas masivamente por la ciudadanía en el plebiscito de entrada. Ahí quedó fijada la competencia de la Convención.

No será la pasión revolucionaria, sino ese mismo espíritu democrático —de acuerdos, de diálogo, de reglas compartidas— el que permitirá el éxito de la Convención Constitucional.

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES