Inquietante es el uso político del Poder Judicial por los gobiernos en América Latina.

En Venezuela, descarada es la sentencia de la Corte Suprema que condenó al diario El Nacional a indemnizar en 13 millones de dólares, por daño moral, a Diosdado Cabello, segunda autoridad fáctica de su país. El diario opositor reprodujo informaciones de medios extranjeros sobre la asociación ilícita de Cabello, en narcotráfico, lavado de dinero y sobornos. La sentencia provoca la bancarrota del periódico y permite a Cabello, principal acreedor, hacerse del medio opositor.

En Bolivia, un dócil Poder Judicial mantiene en prisión a la expresidenta Jeanine Áñez y a dos de sus misnistros, por supuesta sedición y conspiración, liberando a Evo Morales y a varios de sus colaboradores de procesos por sobornos.

En Perú, la judicatura, luego de encarcelar por más de nueve meses a Keiko Fujimori, le había impedido salir de Lima para realizar su campaña presidencial, favoreciendo al populista de izquierda Luis Castillo. La cautelar fue luego revocada.

En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández impuso al Presidente Alberto Fernández el reemplazo de la ministra de Justicia por Martín Soria, enemigo declarado de ministros de la Corte Suprema, impulsor de una reforma que amaga la autonomía de las cortes. El regreso de Cristina coincide con el cierre de procesos de corrupción en su contra y de algunos de sus colaboradores.

En México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha solicitado investigar a jueces que fallan contra su agenda y logró la renuncia del supremo Eduardo Pérez, investigado por infracciones financieras, retiradas después de su dimisión. AMLO, en un año, podrá nombrar cuatro de los 11 integrantes de la Suprema mexicana.

En Brasil, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, de Odebrecht, OAS y Petrobras, parecería será historia; se desarticuló la fiscalía especial para estos casos y comienzan a ser liberados Lula y otros implicados.

En Estados Unidos, el gobierno de Biden pretende modificar la Corte Suprema, limitando la permanencia en el cargo de los supremos, aumentando su número, con el fin de disponer de nuevas plazas para jueces afines al partido gobernante.

En Cuba, se consolida el control del Partido Comunista sobre los jueces con el nombramiento del Presidente Miguel Díaz–Canel, en reemplazo de Raúl Castro, como secretario general de ese único partido.

Parecería que se está agravando en el continente la negativa tendencia de politizar la judicatura, del gobierno de turno, siendo servidores del interés público.

El proceso constituyente debe fortalecer la independencia del Poder Judicial, en beneficio de la separación, control y equilibrio de los poderes del Estado, y de la democracia y protección de los derechos ciudadanos. No será fácil: la codicia por acaparar poder predomina en muchos gobernantes y políticos del continente.