Esta semana, el Gobierno presentó su propuesta para aplazar las elecciones. Qué duda cabe que se trata de una modificación relevante y compleja que, por lo mismo, debió plantearse acordada previamente con la clase política en su conjunto. La puesta en escena solitaria del Presidente de la República al efectuar el anuncio, y las demandas que a las pocas horas la oposición no trepidó en plantear como condiciones para dar su apoyo (y que fueron tildadas, en primer término y correctamente a mi juicio, como un chantaje por el propio Gobierno, pero que luego, inexplicablemente, derivaron en tolerables y en una puerta de entrada a más condiciones), han contribuido a enredar enormemente el debate y, me temo, a dificultar la vida de los ciudadanos.

Aunque los políticos traten de hacernos ver que muchas de las condiciones que están imponiendo se ponen en nuestro exclusivo beneficio, a veces cuesta separar la paja del trigo y distinguir si están actuando por nuestro bien o por el de sus ideales, bases o ideologías. Se presume la buena fe, pero a ratos vaya que se hace difícil mantener la presunción. Y es que cuando se ponen diversas condiciones para respaldar una iniciativa que evidentemente es urgente y que se plantea para resguardar la salud de las personas —dado el alto nivel de contagios— y para no mermar la participación democrática en los procesos eleccionarios (y que no cabía más que despachar de manera pura y simple), despiertan las sospechas.

Las condiciones iteraron desde reinstalar el voto obligatorio hasta exigir que el Ejecutivo no concurriera al TC por la moción parlamentaria del tercer retiro de los fondos de pensiones. En otros casos y con la bandera de la “vida de los compatriotas por delante” (es decir, otra vez con el discurso dicotómico de la salud o la economía), varios parlamentarios presentaron en paralelo un proyecto de ley para que los colegios, jardines infantiles y salas cuna solo puedan funcionar en fase 4 (contrariando toda la evidencia en la materia). Otros condicionaron su apoyo a que se aprobara una renta básica universal (donde todos, incluso quienes no la necesitan, recibirán recursos públicos) y a que se endurecieran y extremaran las cuarentenas (sin considerar variables como el hacinamiento, los crecientes campamentos, la salud mental de niños, jóvenes y adultos, y lo que implica coartar aún más la posibilidad y libertad de miles de emprendimientos, empresas y trabajadores, que no podrán generar actividad económica e ingresos autónomos en estas situaciones). Luego otros, a que solo pudiera funcionar lo estrictamente esencial, definido, claro está, por un burócrata y, dentro de ello, solo aquello que no afectare la salud de la población (definido por otro burócrata).

Muchas de esas condiciones, traducidas a indicaciones, no prosperaron en la Cámara de Diputados, pero el Gobierno hizo propias algunas de ellas anunciando el jueves pasado que en fase 1 y 2 solo podremos acceder a bienes indispensables para vivir, teletrabajar, asistir a clases, o de vivienda, y que muchos comercios (esenciales, por cierto, para la propia subsistencia de sus dueños y de sus trabajadores), simplemente no podrán funcionar, pues no califican como prioritarios. No tengo elementos de juicio para saber si esta extrema medida es adecuada o desmedida de cara a los fines que persigue, o si más bien, en parte, apunta a esos fines y, en parte, a responder al ritmo que impone de la oposición. Nuevamente se presume la buena fe, pero cuando tienes a un gobierno amenazado, otra vez, con acusaciones constitucionales al Presidente de la República, los planos se empiezan a enredar. Cuando la oposición encuentra espacios, a ratos concedidos involuntariamente por el propio Gobierno, para instalar, en el ideario colectivo, que este no solo ha fracasado en el manejo de la pandemia, sino que “ha posibilitado el retorno agudo del virus”, como dijo P. Narváez, cuando la realidad, lo que observamos, es que ningún gobierno en el mundo ha sido infalible, cuando en Chile nunca ha faltado hasta ahora una cama crítica ni ventiladores, cuando de entre los países de ingresos medios es de los que más recursos fiscales (no de sus pensiones) ha comprometido en beneficios de los chilenos y ha asegurado vacunas para toda su población, la cuestión simplemente parece de locos.

Yo no estoy implicando que no deban existir acuerdos entre el Presidente y el Congreso ni menos que no se tomen medidas estrictas para intentar controlar los contagios. Lo que estoy señalando es que parece que se han invertido los planos y que los ciudadanos estamos al servicio de la política, sus ritmos y sus demandas, pero que solo nosotros pagaremos los costos. Inentendible.