Diversas investigaciones realizadas para explicar las tendencias que hoy perfilan el contexto sociopolítico dan cuenta de una preocupante desconfianza hacia las instituciones, sus autoridades y los políticos. La preferencia mayoritaria que obtuvo en el plebiscito de octubre la opción de la Convención Constitucional antes que una mixta parcialmente conformada por parlamentarios en ejercicio, es clara manifestación de ese desafecto.

La inclinación a la polarización, la incapacidad para alcanzar acuerdos y la incoherencia son parte de las críticas que la ciudadanía manifiesta hacia la actividad política, lo que se confirma con los atributos más valorados por el electorado en los candidatos a constituyentes —según un sondeo reciente— referidos a la vocación de servicio, la capacidad de entendimiento, la integridad y la coherencia.

Pareciera sin embargo que, pese a todo ello, la polarización sigue afectando el diálogo público, en una dinámica muy propia de las redes sociales. La introducción de estas plataformas, en efecto, ha alterado de manera determinante el flujo informativo. La individualización de visiones y su instantaneidad permiten tener un gran alcance y notoriedad siguiendo una lógica de movilización de emociones. Sin chequeos ni filtros, las redes sociales son utilizadas —muchas veces— para causar impacto, sin reparar en la veracidad de la información difundida, dando espacio a la difamación y la propagación de teorías conspirativas, las que, por efecto de los algoritmos propios de estas redes, consiguen viralizarse en corto tiempo.

Los líderes de opinión han encontrado aquí un instrumento para expandir su mensaje, ampliar su plataforma electoral, criticar al contrincante y asegurar visibilidad, lo que es propio de su quehacer. Sin embargo, en un contexto democrático, la exigencia por un desempeño responsable de los representantes ciudadanos es ineludible. Lamentablemente, diversos dirigentes, en todo el espectro, parecen no entender este punto, utilizando las redes sociales para promover la polarización Un caso reiterativo ha sido el del exdiputado y actual candidato a la Convención Hugo Gutiérrez (PC). Sancionado el año pasado por el Comité de Ética de la Cámara por difundir material que se consideró incitaba a la violencia, ha sido protagonista en varias ocasiones de la propalación de teorías conspirativas —por ejemplo, respecto del covid— e información falsa, como el reenvío de una supuesta página del New York Times donde se acusaba duramente al Presidente Piñera, página inexistente y que llevó al propio diario norteamericano a advertir “un intento por desinformar”.

Por cierto, el caso de Gutiérrez no es único, en lo que parece otro síntoma del deterioro de la política que ha sufrido el país. La ciudadanía espera de quienes ostentan o compiten por cargos de representación una conducta respetuosa de las normas propias de una convivencia democrática. Por lo mismo, cabe demandar también a los partidos un mayor celo en establecer parámetros rigurosos y exigir responsabilidad a sus candidatos.