Señor Director:

Con muchísima preocupación vemos cómo la autoridad migratoria en Chile sigue obstaculizando el acceso al procedimiento de la determinación de la condición de refugiado.

Una clara muestra de esto es el oficio Nº 7196, de la Subsecretaría del Interior, de este 26 de marzo, que indica que desde el 1 de abril se suspenderá la recepción de solicitudes de acceso al procedimiento de la condición de refugiado en gobernaciones que allí se indican. Desde el 1 de mayo, esto también se implementará en el resto de gobernaciones provinciales del país.

Estas instrucciones, a la luz de la ley chilena y los tratados internacionales, son manifiestamente ilegales. En la práctica, los cambios implicarán que las personas queden sin protección internacional al no poder ingresar al procedimiento de asilo en estas oficinas. Un cambio en la institucionalidad migratoria no puede obligar a las personas a realizar cuestiones impracticables mientras se lleva a cabo, menos en medio de una pandemia.

Una vez más, personas que necesitan protección internacional son vulneradas por medidas y políticas migratorias que obstaculizan el acceso y ejercicio de derechos humanos. Lamentablemente, esto se suma al historial de irregularidades que pesan sobre el Departamento de Extranjería y Migración en estas materias, las cuales constan en antecedentes jurisprudenciales e informes de la Contraloría General de la República.

Llamamos a la autoridad a reevaluar sus instrucciones y actuar apegada a la ley.

Marjorie Dinamarca Jofré
Coordinadora Proyecto PAL-RV UDP

Francisca Vargas Rivas
Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP