Tardó pero llegó. El 23 de marzo recién pasado, la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó que el expresidente Lula da Silva fue tratado imparcialmente por el juez Sergio Moro. Por mayoría, el STF decidió suspender a este último reconociendo la ilegalidad de la condena de ocho años de cárcel contra Lula. Este fallo resulta del habeas corpus interpuesto por la defensa de Lula después de que Moro aceptara la invitación de Bolsonaro para integrar su gobierno en condición de ministro de Justicia. El recurso estaba pendiente desde... noviembre de 2018.

La derrota de Moro es inapelable. Los juicios emitidos por el ministro Gilmar Mendes, presidente de la Segunda Sala del STF, son lapidarios: “Moro desmoraliza la justicia brasileña y siembra dudas sobre su credibilidad”, y es responsable de una “colusión espuria con los medios”. Las revelaciones de Intercept muestran que todo se hizo para dañar la imagen de Lula y sacarlo de la carrera presidencial. El objetivo se cumplió. Lula pasó 580 días encarcelado en Curitiba. El seguro vencedor de las elecciones presidenciales fue inhabilitado, abriendo paso al triunfo de Bolsonaro, oscuro diputado responsable de la tragedia que hoy ha convertido a Brasil en un “peligro global”.

Anteriormente, el 8 de marzo, el ministro del STF Luiz Edison Fachir había declarado la nulidad de todos los procesos instruidos por Moro, por ausencia de competencia de la jurisdicción de Curitiba. No se trata, como algunos insinúan, de un reproche puramente procesal. Curitiba fue elegida para sustanciar el proceso en contra de Lula porque allí Moro disponía de las complicidades necesarias para montar un proceso y pronunciar una condena sin ninguna prueba, “mintiendo y manipulando el Derecho”, como indicó el ministro Mendes.

Las decisiones del STF le permiten a Lula recuperar sus derechos políticos y ser candidato presidencial en 2022. Sondeos recientes anticipan su victoria, al paso que cae sistemáticamente el respaldo a Bolsonaro, fuertemente cuestionado por su desastrosa gestión sanitaria y la depredación del Amazonas.

El costo humano, económico y social de la manipulación de la justicia con fines políticos, el llamado Lawfare, es gigantesco. Al ritmo de muertes diarias por covid de las últimas semanas, Brasil superará en los próximos meses el medio millón, desplazando a los EE.UU. del primer lugar de ese triste ranking.

El daño ya está hecho. No hay reparación posible. Cabe sin embargo sacar lecciones. Una muy importante interpela a las fuerzas democráticas brasileñas que votaron favorablemente el impeachment a Dilma y se plegaron al carro de Moro, calculando que la encarcelación de Lula favorecería la recuperación del poder perdido en las elecciones del 2002. El expresidente F. H. Cardoso carga aquí con una pesada responsabilidad.

Hay también lecciones importantes para Chile. Conscientes de la gravedad de la operación que se montó en contra de Lula, un grupo de dirigentes políticos y sociales expresamos “nuestra preocupación por la crisis política que atraviesa Brasil y nuestra solidaridad con el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva...”, y “apelamos al Poder Judicial para que garantice el pleno respeto a la Constitución permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial”.

Teníamos la razón. Sin embargo, fuimos duramente criticados y descalificados. Así por ejemplo, Daniel Matamala, importante columnista de la plaza, afirmó en Twitter, “muy mala señal la carta de apoyo firmada por ex Pdta. Bachelet e importantes figuras de la izquierda chilena. Como sociedad no podemos ser tuertos ante la corrupción, y condenarla solo cuando el que cae es ‘del otro lado'”.

La honestidad intelectual y el rigor profesional demandan una buena explicación.

Carlos Ominami