La pandemia ayer llegó a su punto máximo, considerando que el número de contagiados, más de 7.600, supera todas las cifras desde el 3 de marzo de 2020.

La autoridad sanitaria y sus organismos asesores han tomado las medidas pertinentes. Pero a la pandemia sanitaria, se le agrega la pandemia económica y social y es en este aspecto, en mi opinión, que el Gobierno sigue en deuda.

Durante al año pasado, y tras un acuerdo con la oposición en el Parlamento, se generaron leyes y medidas, entre otras, el bono a la clase media, la ayuda a las mujeres que terminaban el posnatal, el mecanismo que auxilió a la gente que quedaba cesante pero que mantenía la cotización por parte del empleador o el Fogape.

Sin embargo, la principal ayuda ha sido el ingreso familiar de emergencia por su masividad y permanencia en el tiempo. No fue fácil establecer el monto tanto individual como familiar, ya que el proyecto original del ministro Briones era de $65.000 por persona y decreciendo en los meses siguientes y, por otra parte, la oposición sostenía que el per cápita debiera estar en la línea de la pobreza que en ese instante era de $171.000 por persona. Finalmente se acordó entre Gobierno y oposición la cifra vigente, $100.000 por persona y $400.000 para una familia de 4 integrantes. Lo anterior se extendió hasta diciembre del año pasado cubriendo en ese mes, de acuerdo a cifras del Gobierno, a 3.800.000 hogares.

El primer error del Gobierno en la continuidad del IFE fue establecer un mecanismo que lo vinculaba al programa “Paso a paso” y en el cual es determinante la fase en que se encuentra la comuna y sus habitantes. Lo anterior condujo a que se redujera el universo de personas a las que les llegaba el IFE y que, según cifras del Gobierno, en enero alcanzaba a 2.500.000 hogares y cubría a menos de 6 millones de personas; los anuncios recientes del Presidente Piñera prolongan el IFE hasta junio, pero mantienen el criterio de focalización vinculado al “Paso a paso”, agregándole un subsidio al IFE sobre la base de números de días en que la comuna ha estado afectada por la fase 1.

Todo lo anterior hace muy complejo para el ciudadano común postular al IFE, porque ya no basta su necesidad objetiva vinculada a sus carencias, sino además a la situación sanitaria de la comuna donde vive. Lo mismo ocurre con el nuevo bono denominado de clase media cuyos requisitos son aún más complejos de entender.

Frente a esta política gubernamental, que la gente no entiende, por su excesiva focalización y requisitos cruzados para acceder a dicha ayuda, el Ministerio de Desarrollo Social ha informado que durante el año pasado se incorporaron al registro social de hogares 1.100.000 nuevos postulantes, alcanzando la cifra inédita de 6.600.000 hogares que abarcan a 14.400.000 chilenos y chilenas.

Como usted apreciará, estimado lector, la demanda por ayuda gubernamental es muy superior, hasta ahora, a la respuesta a dicha demanda. Lo anterior conduce a que el denominado tercer retiro de los fondos de pensiones sea algo incontrastable, porque a los encuarentenados y sin posibilidades de obtener ingresos no les queda otra alternativa que respaldarlo. Todo el mundo coincide que es el peor de los caminos, pero si la ayuda del Gobierno está divorciada de la demanda de los ciudadanos, es evidente la urgencia del tercer retiro.

Por otra parte, la cifra hasta ahora de la autoayuda de los chilenos y chilenas para enfrentar la emergencia económica y social derivada de la pandemia alcanza a US$ 35.000 millones que es producto del primer y segundo retiro, y la respuesta del Gobierno hasta ahora han sido US$ 12.000 millones en el denominado Fondo Covid, al cual el reciente anuncio gubernamental le ha agregado otros US$ 6.000 millones. Raya para la suma, los chilenos y chilenas se han autoayudado con US$ 35.000 millones y el Gobierno ha colocado hasta la fecha US$ 18.000 millones.

La clave política, en consecuencia, es superar el criterio de focalización y de complejidades en la postulación a las ayudas, transitando hacia una universalización de la ayuda casi total abarcando al 95% de la población a través de una renta básica de emergencia; por lo demás, siguiendo un instrumento ya existente que no habría que inventarlo cual es el IFE entregado hasta diciembre, aumentando eso sí el número de hogares y personas beneficiarias.

De lo contrario hará imprescindible el tercer retiro y la base de respaldo del Gobierno disminuirá aún más, sobre todo si este va en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y de su representación parlamentaria, incluyendo a parte de la derecha que aprobará el tercer retiro, y sobre todo si el Gobierno cumple con su amenaza de llevar esta legislación al Tribunal Constitucional. Llegó la hora de que frente a esta crisis derivada de la pandemia sanitaria el Gobierno rompa su política de focalización y entienda que la necesidad objetiva es abrumadora en la inmensa mayoría de quienes integran la sociedad chilena.