En Chile existe un consenso transversal respecto de aumentar la recaudación proveniente de la minería del cobre. La racionalidad económica por la cual los países extractivos establecen compensaciones específicas a las actividades mineras, denominadas royalty, se funda en “reponer” la pérdida de patrimonio que se genera al extraer recursos minerales no renovables. Esos royalty se aplican sobre la “renta minera”, entendida como aquellas utilidades que exceden la rentabilidad exigida por los inversionistas en base al riesgo que enfrentan.

Chile tiene un impuesto específico a la minería (IEM) que complementa la tributación general que aplica a todas las empresas. Es un impuesto progresivo con tasas nominales de entre el 5% y el 14%, que se aplica sobre la renta imponible operacional minera. La tasa escala con el margen operacional minero (MOM) de las empresas, que depende principalmente de dos elementos: ingresos, determinados por el precio de los concentrados y refinados de cobre, así como costos operacionales. Sin embargo, distintos contratos de invariabilidad tributaria vigentes —varios llegando a su fin— han mantenido tasas bajas de IEM de entre 4% (tasa aplicable a proyectos mineros según la ley del año 2006) y 5% (mayoría de proyectos debería estar pagando esa tasa por término de la invariabilidad del 4%). Estas son tasas más bajas que las de otros países mineros.

A diferencia de Perú, no es pública la información sobre qué empresas tienen contratos de invariabilidad tributaria, a qué tasa y por cuánto tiempo. La falta de transparencia en esta materia es inaceptable.

Distintos estudios muestran que nuestros instrumentos tributarios son ineficientes para capturar las rentas económicas de la minería del cobre —utilidades sobre la rentabilidad exigida. Un estudio que Cepal publicará próximamente, preparado por uno de los autores de esta columna, estima que las rentas mineras generadas por 16 grandes mineras del sector privado en el período 2000-2019 alcanzaron US$ 127.168 millones, de las cuales el 40% fueron captadas por el Estado, tanto a través del impuesto a las empresas como del IEM. Sin embargo, este último recaudó solo cuatro puntos porcentuales.

En el escenario actual, con precios de la libra de cobre sobre los US$ 4 y con varios contratos de invariabilidad tributaria que llegan a su fin, el Estado debiese ser capaz de apropiarse de mayores rentas que en el pasado. El ministro de Hacienda ha señalado que, con la ley vigente, se aplican tasas efectivas altas, cercanas al tope máximo de 14%. Esto es incorrecto. Como muestra Jorratt en su estudio, con un precio de US$ 4 por libra de cobre, las tasas efectivas alcanzarían apenas un 6,2%; con US$ 5, tasas de 7,3%, y con US$ 7, tasas de 8,8%. Todas lejos del 14%. Por tanto, se requiere corregir las distorsiones de nuestro impuesto específico que impiden que sea realmente progresivo.

En línea con lo señalado en un reciente reporte del International Council on Mining & Metals (ICMM), entidad que reúne a las compañías mineras más grandes del mundo, un royalty basado en las ventas, como existe en la mayoría de países del mundo (incluyendo Australia, algunas provincias de Canadá y Perú), permite a los países recibir ingresos antes que se recupere la inversión y que se generen utilidades. Por otro lado, como se ha visto en otros países y considerando los ciclos del precio del cobre, este tipo de royalty otorga mayor legitimidad social a las empresas mineras. Ha llegado el momento de incorporar las mejores prácticas de otros países y permitir una mayor contribución de los recursos no renovables de Chile a un desarrollo inclusivo.

Creemos necesario abrir un diálogo informado, inclusivo y participativo, donde la minería privada y pública, sus gremios, la sociedad civil y el Gobierno contribuyan de manera propositiva a una discusión que permita evaluar distintos instrumentos para que el Estado capte una mayor parte de la renta minera, más allá de la vida útil de sus operaciones, tal como lo hacen otros países. Esto permitirá que el Estado invierta estos recursos para el desarrollo sostenible e inclusivo, lo que va en línea con los principios internacionales promovidos por el ICMM, a los cuales adhiere la minería privada en Chile.

Hernán Frigolett
Extesorero General de la República

Michel Jorratt
Exdirector del Servicio de Impuestos Internos

Ricardo Guerrero
Excoordinador de Política Tributaria Ministerio de Hacienda