Un año después de iniciada la etapa de tramitación en el Senado, el Gobierno ingresó las indicaciones comprometidas al proyecto de reforma a las pensiones. Las ansiadas indicaciones realizan dos cambios centrales al proyecto: elevan los beneficios destinados a las mujeres y amplían la cobertura del Pilar Solidario para llegar a los adultos sobre los 65 años de edad que están en el 80% más vulnerable de la población. A la fecha, la cobertura alcanza al 60%.

De aprobarse estos cambios, los jubilados del 80% recibirán una pensión al menos igual a la línea de la pobreza. Asimismo, las mujeres beneficiarias del nuevo sistema de ahorro colectivo obtendrán unos $6.500 más al mes si cumplen con un requisito de años cotizados (en adición a los 73 mil del proyecto previo).

Los sistemas de pensiones tienen dos objetivos centrales: aliviar la pobreza en la vejez y evitar reducciones bruscas en el estándar de vida al jubilar. Para evaluar cuán adecuado es un sistema en conseguir lo primero, se compara el monto de las pensiones con indicadores de carencias materiales como la línea de pobreza. Para analizar su eficacia en lo segundo, se revisan las tasas de reemplazo, esto es, la pensión como fracción del salario previo a la jubilación.

Los reajustes extraordinarios de las pensiones solidarias que se legislaron en 2017 y 2019 —y posiblemente una vez más en 2021— han llevado a que el país se vaya acercando a cumplir el primer objetivo: que los adultos mayores no enfrenten el riesgo de la pobreza. Por cierto, se trata de un avance muy importante.

Donde persisten los rezagos más relevantes es en lo segundo, en que las personas no deban ajustar bruscamente su estándar de vida al pensionarse. Este es el caso de la clase media, en particular de las mujeres que pertenecen al cuarto quintil. En efecto, mientras quienes están en el primer quintil tienen pensiones que superan sus salarios previos —esto es, reciben más ingresos al retirarse que durante la vida activa—, las mujeres en el cuarto quintil tienen pensiones que apenas alcanzan al 25% de su salario, incluyendo los aportes del Pilar Solidario.

Es muy difícil proyectar qué sucederá con la clase media de aprobarse esta nueva versión del proyecto. La información que ha mostrado el Gobierno se basa en casos hipotéticos (por ejemplo, cuánto subiría la pensión de una mujer de 65 años con 10 años de cotizaciones) y no en la situación concreta de los pensionados. Es importante conocer el beneficio adicional que recibirá la persona, pero también su salario previo para poder evaluar. Es igualmente importante saber cuántos y quiénes experimentarán avances relevantes y cuántos y quiénes no. En este sentido, se echa de menos un Informe de Productividad detallado como el que entregó el gobierno de Bachelet para acompañar su propio proyecto en 2017.

Más allá de la falta de información suficiente, hay aspectos que requieren de mayor discusión. En particular, el nuevo pilar de ahorro colectivo se financiará con el aporte de tres puntos adicionales de cotización desde los salarios de todos los trabajadores. Pero solo algunos obtendrán beneficios: en régimen, las mujeres y los hombres con al menos 10 y 15 años de cotizaciones, respectivamente. Esto es, mujeres y hombres en pobreza, con lagunas e intermitencias en sus relaciones laborales, financiarán los beneficios de quienes tienen mayor continuidad laboral. Con alta probabilidad, se trata de personas pertenecientes al quintil superior.

Algunos podrán decir que de esta forma se motiva la cotización: quienes se esfuerzan adquieren derecho. Pero la experiencia muestra que las personas son relativamente insensibles a este tipo de incentivos, sobre todo cuando se trata de aspectos que están fuera de su control. Para muchos, acceder continuamente a un empleo formal está fuera de su alcance. En otras palabras, esforzarse no es siempre suficiente para conseguir ciertos objetivos. El contexto importa mucho, en particular entre quienes viven en vulnerabilidad. Un incentivo así puede resultar altamente regresivo y además riesgoso para la cohesión social.

Luego de meses de negociaciones con el Gobierno, los senadores de oposición miembros de la comisión de Trabajo tenían la expectativa de un conjunto muy distinto de indicaciones —un aporte de seis puntos del salario que iría al fondo colectivo para financiar beneficios con características distintas a lo propuesto hoy por el Ejecutivo—. Felizmente, a pesar de la desilusión, en su mayoría aprobaron la idea de legislar y de seguir construyendo acuerdos. A mi juicio, la idea de usar los seis puntos adicionales de cotización para beneficios colectivos es superior a la de usar solo tres. Pero tres puntos es mejor a que no haya reforma. Habrá que seguir negociando.