El Gobierno aceptó la dimisión del jefe del equipo coordinador para la macrozona sur, Cristián Barra, luego de las controvertidas declaraciones que emitiera en entrevista con este diario. En ellas acusó escasa colaboración de las FF.AA. para su labor y calificó de “insólito” que los representantes de estas acudieran a las reuniones de coordinación acompañados de abogados “para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”. Sus dichos —que habrían provocado fuerte molestia en esas instituciones— fueron rebatidos por el ministro de Defensa y ministro (s) del Interior, Baldo Prokurica.

El episodio parece haber dado pie a un nuevo cambio en el diseño del Gobierno para enfrentar la situación en La Araucanía. Así, si bien se nombró al abogado Pablo Urquízar —quien hasta diciembre se desempeñaba como jefe de gabinete del ministro de Defensa— para reemplazar a Barra, antes se informó de la designación de la exministra Loreto Silva como “asesora presidencial” en la macrozona sur. De este modo, Urquízar continuaría con las tareas de Barra, en cuanto a coordinar las estrategias contra la violencia en la zona y de apoyo a las víctimas, mientras que Silva —también abogado— se enfocaría en asesorar al jefe de Estado en temas jurídicos asociados a la acción en la zona. Tal diseño puede ser una forma de superar el conflicto explicitado por el funcionario saliente: el nuevo jefe del equipo coordinador conoce y mantiene buenas relaciones con el mundo castrense, al tiempo que la recién designada asesora contribuiría a abordar las cuestiones jurídicas involucradas. En cualquier caso, va en el interés del país que ellos contribuyan a una más eficaz acción en La Araucanía y en toda la macrozona, donde durante el último año —y pese a encontrarse el área bajo estado de excepción constitucional, con severas restricciones a la movilidad— la violencia ha alcanzado nuevos niveles de gravedad.

En efecto, la opinión pública ha sido testigo en este período de una ola de atentados —los que no solo han incluido el incendio y la destrucción de bienes materiales, sino también la pérdida de vidas humanas— y de la ineficacia del Estado tanto para prevenir esa violencia como para perseguir y castigar a los responsables. La incorporación de las FF.AA. a colaborar en dicha tarea, yendo más allá de las funciones que les son propias en el actual estado de excepción, no solo supondría un cambio en la institucionalidad, sino que resultaría de muy discutible conveniencia, al involucrar a esas instituciones en labores para las que no están preparadas; todo ello, además, sin existir un acuerdo político que pueda garantizar respaldo a su acción, y considerando también las dificultades que en la práctica supone lograr que se dé por acreditado en tribunales el uso legítimo de la fuerza. Muy lejos de ello, no cabe perder de vista que hoy parte importante de la oposición ha levantado la consigna de que cualquier medida para reforzar con más personal y medios la acción policial, aunque no involucre a las FF.AA., ya constituiría una “militarización” y una forma de eludir el grave problema de las demandas mapuches no atendidas, que serían la verdadera causa del actual escenario.

Tal planteamiento evidencia otra arista compleja de la situación, cual es el desencuentro político en la forma de enfrentar, por una parte, la violencia y su impacto actual en las personas, y, por otra, los problemas de larga data asociados a la vida de las comunidades mapuches, sus tierras, y el trato que reciben. Ambos aspectos son relevantes, pero tienen diferentes horizontes de tiempo. Desde luego, la situación de las comunidades exige una mirada amplia y de largo plazo, que incorpora distintas variables interrelacionadas, y cuya solución involucra aspectos que van más allá de la sola restauración del orden. Ello, sin embargo, no puede llevar a posponer una acción eficaz contra una violencia que está hoy cobrando víctimas y sembrando terror en la ciudadanía, bajo el argumento de abordar antes sus supuestas “causas estructurales”, cual si ambas materias no fueran urgentes.

Es de esperar que la experiencia del nuevo coordinador y de la recién designada asesora presidencial, así como su sólida formación legal, contribuyan a destrabar los nudos políticos que impiden avanzar, y así abordar simultáneamente la agenda delictual y de violencia, con la étnica y de desarrollo. Mantenerlas separadas y enfrentadas la una con la otra solo paralizará y eternizará el problema.