La reforma judicial es un tema álgido en Argentina. El gobierno está decidido a hacer cambios, y drásticos. El Presidente Alberto Fernández instó al Congreso a “asumir su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. Saltaron las alarmas de constitucionalistas y opositores ante la posibilidad de que se forme una comisión bicameral para investigar a los jueces: “Es una interferencia inadmisible de un poder del Estado sobre otro”. “Es inconstitucional”. Y así, el debate recién empieza.

Ocurre que, aunque Fernández en un discurso ante el Legislativo pidió que en sus críticas a la Justicia “nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a nadie”, fueron muchos los suspicaces que de inmediato pensaron que el enfrentamiento con el Poder Judicial tiene mucho que ver con la molestia del gobierno, y más precisamente de la vicepresidenta Cristina de Kirchner, con los jueces y fiscales que llevan los procesos que la tienen de protagonista a ella, junto a su entorno político y familiar. Y una vez más, muchos argentinos se preguntaron quién manda realmente en el país.

Fernández criticó la “judicialización de la política y la politización de la justicia”, pero acto seguido anunció una “querella criminal” para “determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, en referencia al supuesto mal uso del millonario crédito que el FMI otorgó al gobierno de Mauricio Macri, quien estaría en el centro de esa investigación. Un intento evidente de “judicialización” de la política económica del gobierno pasado, y una vuelta de mano por la polémica causa contra el gobierno kirchnerista por el “dólar futuro”. Cristina se defendió personalmente de esos cargos, y dijo que la justicia estaba “podrida”.

El año pasado, el gobierno mandó dos proyectos de ley para reformar la administración de justicia y la forma de designar al procurador general, que permitiría nombrarlo con una mayoría parlamentaria simple. Como fueron aprobados por el Senado pero no consiguieron el pase de los diputados, ahora Fernández insiste y adelanta nuevas iniciativas, como la reforma a la Corte Suprema, la creación de un tribunal intermedio de garantías que le quita poder a la Corte, y otra para modificar el Consejo de la Magistratura, ente que evalúa y sanciona a los jueces. Además, quiere implementar a nivel federal los jurados de ciudadanos, para delitos graves, como evasión tributaria, narcotráfico o lavado de dinero. “El pueblo argentino tendrá en sus manos... recuperar la credibilidad de una real justicia”, argumentó. ¿Una manera de “democratizar” la justicia a través de tribunales populares?

Si esos anuncios aterrizan en proyectos concretos, la tensión entre los tres poderes del Estado no puede sino aumentar. Esto, en año electoral y con la pandemia y la crisis económica sin visos de mejorar, será un desafío mayor para un Presidente que se ha debilitado y perdido la enorme popularidad de que gozaba hace un año, cuando marcaba sobre 80 por ciento de aprobación. Las encuestas posteriores a lo que se ha llamado el “escándalo de las vacunas VIP”, que le costó el puesto al ministro de Salud, muestran a Fernández muy golpeado.

Al parecer, los argentinos no se conforman con las promesas políticas y quieren resultados que les mejoren la vida.