El inventario de problemas que nos aquejan como país registra algunos que se han arrastrado por largos años sin que se los haya solucionado. Probablemente el más significativo de estos temas de compleja decisión sea el llamado conflicto de La Araucanía, herencia indeseada dejada por el conquistador a los gobiernos republicanos.

El referido conflicto ha adquirido una creciente dinámica en los últimos tiempos incorporando a las reivindicaciones de los pueblos originarios del mundo entero planteamientos respaldados con vigor por la orgánica multinacional. La materia en buena hora ya está en el debate sobre nueva Constitución y allí, por fin, debiera despejarse. Con todo, el caso chileno tiene un aditivo que complejiza su solución, pues sus demandas son respaldadas en terreno por acciones terroristas que violentan en actitud desafiante la institucionalidad democrática que rige en todo el territorio nacional. En este escenario no parece lógico promover acuerdos en que participen minorías que desafían el Estado de Derecho. Este, antes que nada y con urgencia, debe ser restablecido recurriendo a todo el legítimo instrumental de protección de que dispone la autoridad constituida. Esa respuesta ciertamente no solo es la presentación de querellas.

Lo primero es lo primero. No es admisible tratar siquiera con quienes practican o aceptan la violencia terrorista.

Corusco