La discusión política sobre la ola de violencia que afecta a la macrozona sur no parece atender a la percepción ciudadana sobre la materia. Lo anterior se comprueba al analizar los resultados de una reciente encuesta de la Universidad del Desarrollo publicada por este diario el domingo pasado. El sondeo, realizado en todo el país, da cuenta de aspectos que, al parecer, las autoridades y dirigentes políticos desconocen o al menos desatienden, quizá porque muchos anteponen un compromiso ideológico que les dificulta la apreciación del problema.

En efecto, es contundente la opinión de que los hechos en cuestión resultan ser actos terroristas. Un 55,3% de los consultados apoya esa aseveración, solo el 33,3% declara lo contrario y un 11,7% que no sabe. El debate acerca de la naturaleza de estas acciones ha sido largo, y la evidencia —incluyendo el dramático testimonio de las víctimas— hace que el juicio se vaya decantando abrumadoramente en cuanto a que estamos frente a agrupaciones y delitos terroristas. La encuesta que comentamos da luces al respecto.

Respecto de las causas que explican el conflicto, la cuestión es menos clara. Mientras un 45% lo atribuye a un tema político, el 30% considera que se debe a la acción de la delincuencia y el narcotráfico, y solo un 14% localiza los motivos en aspectos culturales o en la pobreza (3%).

En lo que toca a los responsables de estos hechos de violencia, el 38% sostiene que se trata de delincuentes organizados y un 26% a la mezcla de estos, comuneros mapuches y grupos vinculados al narcotráfico que operan en la zona. Resulta interesante cómo la opinión pública establece una clara distinción entre los representantes de las comunidades mapuches, que en su mayoría son personas de orden y paz, y los verdaderos artífices de la violencia, aunque en algunos casos pertenezcan a esta etnia.

Mención especial merece la responsabilidad que se le asigna a la tarea de jueces y fiscales. Entre un 70% y un 75% considera, según sea la autoridad evaluada, que tanto la judicatura como los persecutores penales no están cumpliendo con sus respectivos deberes legales frente a estos hechos. Más allá de que un juicio tan absoluto pudiera parecer injusto, este resultado debe ser mirado con atención por estas instituciones, porque refleja un sentir extendido en la población de que son extremadamente débiles frente a la delincuencia común y el terrorismo. Cabe consignar también que existe un conjunto relevante de reformas, algunas discutibles, que están paralizadas en el Congreso. Sin embargo, y aquí hay que anotar una paradoja, cuando se pregunta sobre la necesidad de ampliar las atribuciones de Carabineros, las opiniones están divididas en partes casi iguales. Un 45,7% está por hacerlo, mientras un 47,6% no agregaría más facultades de ninguna índole. Hay en este último porcentaje no solo un temor a que las mal utilicen, sino también la idea de que hoy se cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar este fenómeno y, por tanto, se trataría más de un problema de decisión y eficiencia que de otra cosa. Lo que podría sorprender a algunos es la disposición favorable a que los ciudadanos se armen por su cuenta y contraten guardias armados para defenderse. Casi un 60% respalda ese camino, contra un 32,1% que lo rechaza. Estos datos constituyen una señal preocupante, que habla de un debilitamiento en la confianza hacia las fuerzas de seguridad y de una alta valoración de la autotutela. Tal situación revela el desaliento de las personas ante la acción de un Estado que no es capaz de hacer cumplir el derecho y garantizar la paz de las personas.

Otro dato preocupante es la percepción de que el conflicto irá en aumento y se repetirá en más regiones (43%) o que seguirá igual (también 43%). Lo anterior da cuenta de que la población considera que este es un problema sin horizonte cierto de mejora e incluso, para muchos, que carece de una solución.

La muestra contiene muchos otros datos que merecen un detenido análisis, pero lo que surge como evidente es que la ciudadanía está convencida de que nos hallamos ante un problema que debe abordarse en forma urgente y cuya gravedad no admite miradas partidistas ni mucho menos puede ser objeto de mezquinos cálculos políticos.