La violencia se incrementa minuto a minuto al sur del río Biobío. Lo que ayer era impensado, hoy ya no lo es. Atrás quedaron las tomas pacíficas de tierras; hoy la quema de camiones, casas, iglesias es la realidad. En los últimos meses hemos visto imágenes de grupos fuertemente armados. Y se han conocido cada vez más casos de cobros de “impuestos revolucionarios”. “Pago o quema” es la nueva consigna.
Plantearse si hay o no terrorismo, como fue la discusión hasta hace algún tiempo, ya es un ejercicio inútil. Hoy las lógicas son las propias de las guerrillas.
Pero a diferencia de las guerrillas tradicionales, el Estado de Derecho no solo ha sido vulnerado, sino que las armas tradicionales con las que estos han enfrentado a estos grupos, hoy son prácticamente imposibles de usar. La deslegitimación de Carabineros —por sus propios errores y corrupción, sumado por la estrategia de grupos radicales para deslegitimarlos— hace que el uso de la “fuerza proporcional” prácticamente no se puede utilizar.
Basta hacer una simple pregunta: ¿Puede disparar un carabinero a un grupo armado que se aproxima a quemar una casa? La doctrina clásica diría que sí. Que el surgimiento del Estado moderno tiene como función básica, la defensa, la justicia y la policía. Pero en el mundo actual, convertido en una pecera, donde todo se filma y se viraliza, es cada vez más difícil ejercer. Y en el Chile actual, post estallido social, más difícil aún.
Así, la escalada de violencia de los últimos meses, en distintos lugares bajo las araucarias, opera con casi total impunidad. Si a ello se agrega la vinculación con el narcotráfico y el robo de madera, el problema es aún mayor.
La pregunta cada vez más reiterativa es cómo abordarlo. Y las respuestas son particularmente complejas.
Una primera respuesta esencial pasa por separar la violencia terrorista de la discusión del tema de fondo de la reivindicación mapuche. Algunos dicen que son inseparables. Que si no fuera por la violencia, el tema de fondo no se abordaría nunca. Que la violencia moviliza. El problema es que estamos ad portas de que surjan otras violencias, como los grupos de autodefensas. Pero hay un problema conceptual más profundo: en un Estado democrático no se puede legitimar esa vía.
La discusión de esta semana, sin embargo, sobre la posibilidad de decretar estado de sitio no es más que un ejercicio retórico, porque no es posible establecerlo (requiere mayoría en el Parlamento), y si fuera factible hacerlo, no sería posible ejercerlo.
La fantasía de que el despliegue militar en la zona acabará la violencia no solo es una ilusión, sino que conlleva riesgos que pueden terminar agudizando el problema.
Los militares, y así lo han trasmitido privadamente, no están dispuestos a hacer el ridículo. Porque si no se tiene la potestad de disparar, las alternativas son huir o someterse a una agresión. Así, establecer algo que no podrá ser cumplido no haría otra cosa que mermar aún más la autoridad, aquel factor clave que recuerda Maquiavelo en “El Príncipe” y el que paradójicamente también recuerda el rey en “El Principito”: no hay nada peor que dictar órdenes que no podrán ser cumplidas.
Como velo de fondo está el tema mapuche. Desde luego, es necesario asimilar de que la vieja idea de la nación chilena como una comunidad de cultura ha quedado atrás. La sociedad chilena es hoy una sociedad plural, que alberga varias identidades. Así, el verdadero conflicto en La Araucanía presenta aristas de fondo, incluyendo formas de participación, estatuto de autonomía, pobreza y reclamo de tierras. Todas ellas están abiertas a la discusión y la Convención Constitucional es un buen lugar para ello.
Sin embargo, esto debe separarse del combate a la violencia terrorista. Pensar que la violencia se resuelve con un nuevo trato es una simple ilusión. La apuesta por un acuerdo nacional propiciado por Piñera, sin embargo, sí tiene sentido, pese a que sus posibilidades de éxito sean más bien simbólicas. Un acuerdo de defensa de la democracia permite legitimar el uso de la fuerza cuando corresponde y aislar a los violentistas, como se ha visto en muchos países.
Pero ese acuerdo hoy se ve muy lejos. En especial, porque parte del sector político ve en esto una oportunidad para volver a enarbolar la lógica del Estado opresor. Porque más que interesado en lograr una vía de solución, le interesa mantener una vía de conflicto.
Así las cosas, puede que falten muchos años todavía.