La violencia es una constante en la historia de las sociedades. Por eso forma parte del análisis político y sociológico y recorre todo el registro de las ciencias sociales y humanidades. Aparece en estudios de la vida cotidiana (violencia intrafamiliar) y los comportamientos desviados (delitos y narcotráfico); de fenómenos terroristas y reacciones de pánico moral (caza de brujas); en las relaciones entre naciones o como sostén de regímenes represivos de dominación.

También en Chile tenemos variadas formas de violencia. Violencia ritual que se proclama antisistema (los viernes de la plaza Italia y de fechas emblemáticas). Violencia en los laberintos del narcotráfico. Ejercida en nombre de la reivindicación territorial y autonomía política del pueblo mapuche. De comunidades enfervorizadas, como las barras del fútbol. Delincuencial, que genera inseguridad y se ve cada vez más organizada. Vandálica, que, aprovechándose de desórdenes callejeros, o provocándolos, se dirige contra bienes públicos y privados. Terrorista, destinada a causar temor en la población y a doblegar al sistema político. Anarquista, contra cualquier forma de dominación y propiedad.

Cuando varias de estas violencias interactúan reforzándose mutuamente, como ocurrió el 18-O, la amenaza para la sociedad es mayor y mayores las exigencias hacia el Estado. Por lo mismo, prevenir y enfrentar oportuna y eficazmente cada una de ellas debe ser una prioridad nacional.

El Gobierno es responsable de diseñar e implementar la estrategia para abordar esas diferentes formas de violencia. Hasta aquí no ha sido eficaz. Tampoco la febril actividad político-policial de los últimos días en La Araucanía puede llenar el vacío. A su turno, las acciones represivas mal concebidas o, peor, que violen los derechos humanos, restan legitimidad a la acción estatal y debilitan el orden público que se busca defender.

El llamado presidencial a un acuerdo contra la violencia en la macrozona sur es insuficiente si solo involucra a las fuerzas políticas y no se hace cargo de convocar a los actores sociales, cuyas posiciones se han radicalizado. Los partidos de oposición, por su lado, son ambiguos frente a las diversas formas de violencia y carecen de incentivos para colaborar con el Presidente.

El Gobierno debe pues definir su estrategia para el tiempo breve que le resta. Es un período clave, que no admite errores. El proceso constitucional y las elecciones solo podrán desplegar su potencial democrático si no son amenazados o interferidos por quienes favorecen distintas formas de violencia. Impedirlo debe ser un objetivo central del Gobierno. Si lo logra, el Estado recuperará el control político y legal sobre ella.