Independencia judicial

Tras cumplir la edad reglamentaria, deja la Sala Penal de la Corte Suprema el magistrado Carlos Künsemüller, quien se desempeñó en el máximo tribunal durante más de 13 años. Antes había sido por largo tiempo abogado integrante de la Corte de San Miguel. El exministro también imparte docencia en la Universidad de Chile, publica regularmente trabajos académicos y preside el Instituto de Ciencias Penales, enriqueciendo de este modo la academia con la praxis y viceversa. Bien conocido por todo lo anterior entre los profesionales del derecho, el exministro Künsemüller probablemente será recordado entre el público no especialista por su enérgico rechazo a la acusación constitucional que promovió en su contra el Frente Amplio y secundaron otros políticos de centroizquierda. El libelo, dirigido también contra otros dos jueces, pretendía la destitución de los magistrados por haber otorgado la libertad condicional a personas condenadas por delitos considerados como violaciones de los derechos humanos, en circunstancias que esto era lo que correspondía hacer conforme a la ley vigente. En estas circunstancias, el entonces ministro calificó la acusación como una infamia y a sus promotores, como ignorantes en materias de derecho.

Esta fortaleza en la defensa de la independencia judicial es hoy más necesaria que nunca. Como es sabido, a esta acusación constitucional siguieron otros episodios de lamentable y desembozada intromisión de los legisladores en las funciones jurisdiccionales de los magistrados, tanto a través de la acusación constitucional como, de un modo especialmente insidioso, por medio de las facultades que la Constitución concede al Senado en el proceso de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Lo que debería constituir un examen de la independencia y calidad jurídica de los candidatos se ha convertido en muchos casos en una selección basada en consideraciones ideológicas, en el acuerdo o desacuerdo con lo resuelto por el juez en ciertos casos de mayor connotación —independientemente de su apego al derecho—, y a veces incluso en una especie de “ajuste de cuentas”. Hace pocos días, cuando se conoció el contundente fallo que absolvió a todos los acusados en el proceso por la muerte del expresidente Frei Montalva, muchos conocedores del sistema valoraron, tanto como el fallo, el coraje de los ministros que lo dictaron. Por eso, cuando el exministro Künsemüller insiste en que si los jueces, antes de fallar, tuvieran que averiguar lo que están pensando determinados sectores políticos —“eso es, simplemente, la destrucción del Poder Judicial en un sistema democrático”—, se está refiriendo a uno de los aspectos más delicados de la crisis institucional que afecta al país.

El valioso aporte a la Corte Suprema de figuras como el ministro saliente mueve también a reflexionar sobre la importancia de los asientos previstos en ese tribunal para abogados externos al Poder Judicial. La figura se introdujo en la reforma de 1997 y ha significado la incorporación de destacados abogados y académicos, como Urbano Marín, quien llegó a ocupar la presidencia de la Corte; Enrique Cury, y el propio Carlos Künsemüller. La partida de este último y de la ministra María Eugenia Sandoval, destacada tributarista que integró durante años la Tercera Sala, especializada en asuntos constitucionales y contencioso-administrativos, impone la obligación de realizar nuevas designaciones. Si la función jurisdiccional siempre es una pieza clave del Estado de Derecho, los desafíos de reconstrucción institucional que enfrenta el país en el presente y el futuro inmediato incrementan sustancialmente su trascendencia. Chile necesita jueces que posean una formación jurídica profunda y equilibrada, independencia a prueba de sesgos ideológicos y activistas, y fortaleza para fallar de acuerdo al mérito del proceso, aunque ello resulte impopular o suscite el rechazo de algún sector de opinión.

Naturalmente es legítimo discrepar de algunas de las resoluciones del ministro saliente, pero cabe destacar especialmente su fortaleza para defender la independencia judicial, incluso en momentos muy difíciles.