La ausencia de un diagnóstico certero de las causas más profundas de las dificultades que enfrenta el país es el principal factor que amplifica los riesgos asociados a los procesos políticos en curso. Por esta razón, la elección presidencial de noviembre próximo representa una nueva oportunidad para plantear los desafíos que tenemos y decidir sobre las estrategias para abordarlos. De esta manera, el debate que acompañará el tren electoral de este año debiera generar propuestas coherentes con las demandas de cambio instaladas en la sociedad.

Chile arrastra hace años dos problemas fundamentales: un aumento significativo en el gasto público sin que la población perciba un efecto positivo en su calidad de vida; y una elogiada disciplina macroeconómica sin que el crecimiento reaccione según lo esperado. Administraciones de diverso signo a lo largo de la última década no han encontrado la fórmula para resolver ambas paradojas, suerte de antesala de la crisis social que vivimos. Es indispensable revertir de raíz esta situación y definir nuevas estrategias para responder a los desafíos del país.

Entre 2009 y 2019, el gasto público prácticamente se duplicó, mientras el PIB creció en 36% en el mismo periodo, una década en que también se observa un marcado deterioro de la confianza en las instituciones y un importante aumento del descontento ciudadano. Si bien esta brecha entre gasto público y producto aumentó significativamente en 2020, se trata de una situación que responde a circunstancias puntuales que no conviene mezclar con la tendencia más estructural de la década previa.

Por otra parte, los fundamentos macroeconómicos del país han sido destacados (incluido el reciente informe de la OCDE) como un activo que aporta estabilidad y resiliencia. Sin embargo, el efecto en el crecimiento de este reconocido marco institucional es bajo; porque se trata de una condición necesaria, pero no suficiente para acelerar el progreso de la economía.

Es evidente que insistir en lo que hemos hecho en los últimos diez años no permite encontrar las respuestas que espera la sociedad. Aún más, el principal riesgo económico que puede implicar una nueva Constitución Política es que se incorporen en ella materias que impliquen mecanismos que pueden llevar al descontrol de las finanzas públicas. Por esta razón, es indispensable hacer un giro en el estilo de gobernanza de las políticas públicas e instalar una estrategia de crecimiento efectiva. Sin duda el proceso electoral ofrece la oportunidad para debatir ambos temas.

Respecto de la gobernanza de las políticas públicas, se requiere pasar de un modelo jerárquico a uno que fomente la colaboración de la sociedad. En el primero, el gobierno tiende a concentrar el poder y la información; en el segundo, los comparte con los actores sociales y las comunidades. El enfoque de las políticas también es diferente: mientras uno es lineal y fragmentado, en el otro reconoce el carácter sistémico de la realidad. En cuanto al diseño de las mismas, el primero recurre al conocimiento experto y recomendaciones universales; el segundo promueve la búsqueda colectiva de soluciones que se adaptan a contextos específicos.

Respecto a la estrategia de crecimiento, se debe abandonar el enfoque que se apoya exclusivamente en las decisiones de las empresas y de los actores individuales, aislados unos de otros. Hay que avanzar hacia un modelo que reconozca un espacio a la colaboración para crear los activos de la economía del conocimiento, en los que el todo es más que la suma de las partes. Sin este esfuerzo colectivo, el avance en la productividad y en los ingresos de las familias seguirá siendo lento, con la consiguiente frustración que provoca.

Mirado en retrospectiva, el anterior ‘superciclo' del cobre generó una serie de holguras económicas y presupuestarias, pero el entusiasmo de ese momento llevó a postergar las reformas que el país necesitaba para enfrentar el escenario que vendría después. Un aprendizaje duro de cara al nuevo auge en su precio que estamos observando.

En síntesis, para revertir la desconfianza en las instituciones es indispensable cambiar el paradigma que organiza la gobernanza de las políticas públicas, y para generar un nuevo impulso hacia el desarrollo se requiere construir una estrategia de crecimiento efectiva. Elaborar la hoja de ruta para alcanzar estos objetivos es una tarea clave para quienes jugarán roles clave en los procesos electorales que se dibujan en el horizonte.