Señor Director:

Agradecemos a Gonzalo Blumel y Hernán Larraín su respuesta a nuestra columna del martes. Como se ha visto, coincidimos en que la fragmentación y el bloqueo de nuestro andamiaje político exigen “introducir mayores incentivos a la colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo”. De ahí la importancia no solo de revisar el sistema electoral o la duración del período presidencial, sino también de evaluar alternativas como la “votación de los parlamentarios con posterioridad a las elecciones presidenciales (Francia) o el establecimiento de un umbral mínimo de votación por partido para acceder a escaños en el Congreso (Alemania)”.

Con todo, aquí lo fundamental no es la experiencia comparada —que puede iluminar más o menos según el caso—, sino responder a las circunstancias concretas que rodean la crisis del Chile postransición. En este plano, discrepamos de Blumel y Larraín. Es muy distinto abrazar fórmulas semipresidenciales o parlamentarias que consolidar un presidencialismo de coalición. En tal presidencialismo no se introduce una división del mando al interior del Ejecutivo (a diferencia del régimen semipresidencial), y el jefe de gobierno es elegido directamente por los ciudadanos (a diferencia de los sistemas parlamentarios).

La diferencia es relevante. Nuestra crisis se caracteriza por una profunda desconfianza hacia las élites y, en particular, respecto de la dirigencia político-partidista. El desafío, entonces, es acercar la política a la ciudadanía y no distanciarlas aún más. En este contexto, ¿es razonable sustraer del voto popular la elección de nuestra principal autoridad pública? Basta advertir el fundado escepticismo que genera el reemplazo de una vacante en el Congreso por parte de las cúpulas partidarias para comprender que, efectivamente, el aparente remedio puede ser mucho peor que la enfermedad.

Claudio Alvarado
Mariana Canales
Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)