Señor Director:

En su columna publicada este martes, Claudio Alvarado y Mariana Canales se refieren a las distintas alternativas que se han planteado para cambiar el régimen de gobierno presidencialista que tenemos en nuestro país, advirtiendo que estas fórmulas (el remedio) serían peores que el sistema actual (la enfermedad).

Posiblemente la discusión sobre el régimen de gobierno, que debiese ir de la mano del sistema electoral, será una de las más relevantes en la próxima Convención Constitucional. Es indispensable introducir mayores incentivos a la colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo, sea que este cuente o no con mayoría en el Parlamento. La crisis que enfrentamos se explica en buena medida por la incapacidad del sistema político de resolver adecuadamente las tensiones suscitadas entre ambos poderes, especialmente durante las últimas legislaturas (algo que en todo caso parece ser reiterativo en el curso de nuestra historia).

Concuerdo con los autores de la columna sobre la necesidad de revisar primeramente otros aspectos, como la duración del período presidencial o la reelección inmediata de los mandatarios. A ello hay que agregar algunos perfeccionamientos al sistema electoral, como la votación de los parlamentarios con posterioridad a las elecciones presidenciales (Francia) o el establecimiento de un umbral mínimo de votación por partido para acceder a escaños en el Congreso (Alemania), de forma de facilitar la conformación de mayorías.

Aun así, resulta necesario discutir las bases de nuestro régimen de Gobierno desde nuestra tradición republicana, pero evaluando pragmáticamente la evidencia comparada. De hecho, la mayor parte de las democracias consolidadas tienen formas de gobierno que difieren de la nuestra.

Abrirse a estudiar un presidencialismo de coalición, como lo han llamado algunos autores, o derechamente un semipresidencialismo, como lo hemos propuesto en Evópoli, que favorezca la construcción de acuerdos amplios y duraderos, permitiría muy probablemente alcanzar un mejor balance entre gobernabilidad, estabilidad y representatividad de nuestro sistema político, recuperando la confianza y legitimidad de nuestra alicaída democracia.

Gonzalo Blumel
Hernán Larraín M.