Las naciones cuidan sus fronteras, un atributo de su soberanía, de la integridad territorial. Su vigilancia es determinante para el Estado de Derecho, la seguridad, y punto de partida de la política migratoria que exige el ingreso regular, ordenado y seguro de los extranjeros.

Chile requiere de la inmigración: impulsa el progreso y contribuye a solucionar la negativa declinación demográfica. El Estatuto Migratorio, próximo a publicarse, valoriza a los migrantes, su igualdad ante la ley con los chilenos, no discriminación, acceso a la educación y salud gratuita, y, después de cinco años de residencia definitiva, a los subsidios habitacionales y a votar en todas las elecciones, como solo unos 5 países del mundo lo reconocen. Conforme a esto, es indiscutible el derecho de los migrantes a la vacuna contra el covid-19.

No es tarea fácil controlar la frontera. La chilena es una de las más extendidas del mundo, expuesta a presiones por menores oportunidades en otros países. Estados Unidos, con una frontera con México de extensión muy inferior, y con murallas, sensores y alta tecnología, solo logra paliar los ingresos irregulares.

Mientras el factor geográfico es inalterable, la presión exterior podría revertirse en el mediano plazo con la reactivación de las economías regionales, la cooperación del control fronterizo entre vecinos y, principalmente, por el retorno a la democracia en Venezuela, con sobre cinco millones de expatriados del oprobioso régimen de Nicolás Maduro, sobre 400 mil avecindados en Chile y decenas de miles intentando ingresar.

La indispensable vigilancia de las fronteras es un factor disuasivo para la migración irregular, masiva, que afecta especialmente a las zonas fronterizas, como sucede en el norte. El realismo indica que los controles fronterizos no evitan del todo los ingresos clandestinos, estimados hoy en cerca de dos mil mensuales, muy diferente a los cientos de miles que ingresaron anualmente a mediados de la década pasada, cuando se incentivó el ingreso descontrolado y fraudulento de extranjeros; muchos quedaron expuestos a guetos, pobreza, discriminación e inseguridad por no contar con la debida documentación de ingreso y permisos de residencia.

Los ingresos irregulares en cantidades manejables favorecen los acuerdos internos para amnistías, aunque consideradas contraproducentes por incentivar la migración irregular. EE.UU., con la reforma Simpson-Mazzoli, de 1986, regularizó a tres millones de indocumentados; actualmente son más de 11 millones. Otro problema acumulado para Joe Biden que divide a los norteamericanos.

Lo primero es lograr el control de la frontera, luego la normalización migratoria, y siempre integrar a los migrantes, tarea humanitaria y de respeto de sus derechos que permite capitalizar sus talentos en su beneficio y del país acogedor. De la asimilación de los extranjeros se habla poco, es una tarea fundamental de todos los chilenos, de las comunidades extranjeras residentes y del Estado.