Señor Director:

En su edición del sábado, don Roberto Fuentes, gerente de Estudios de la Asociación de AFP, plantea tres objeciones a la propuesta de un proyecto de ley corta que, junto a la senadora Ximena Rincón, entregamos al señor Presidente de la República el 28 de diciembre pasado.

La primera objeción es una discrepancia respecto del porcentaje de los ahorros previsionales utilizados por los pensionados fallecidos entre 2007 y 2019. Nuestros cálculos nos indican que este porcentaje es solo de un 28%. Don Roberto señala que, según sus cálculos, este porcentaje sería de un 80%. Sin embargo, los cálculos de don Roberto no se refieren a todos los pensionados fallecidos, sino solo a aquellos que “dejan herencia”, es decir, a los que no tenían ni esposa ni hijos, quienes, precisamente, son los que reciben mayores pensiones a igual saldo y edad. Aparte del hecho que para no confundir a los lectores sería bueno que se hubiese referido al mismo universo de pensionados y no solo a los más beneficiados, propongo a don Roberto que intercambiemos nuestras bases de datos para que cada uno pueda verificar el cálculo del otro.

La segunda objeción es a nuestra propuesta de que al fallecimiento del pensionado se entregue a los beneficiarios todo el saldo de ahorro como herencia inmediata, en lugar de entregarlo en cuotas como pensión de sobrevivencia. Objeta don Roberto que esta propuesta “se aleja totalmente de la protección social que debe dar un sistema de pensiones”.

Loable preocupación la de don Roberto, pero olvida que las pensiones de sobrevivencia no las financia el sistema de pensiones, sino el propio pensionado, quien está obligado, por la ley, a percibir en vida una pensión menor a la que le correspondería para dejar recursos para la pensión de su futura viuda.

Sugiero a don Roberto leer el estudio “Pensiones comparadas de la viuda o el viudo: montos o porcentajes que se pagan y financiamiento”, publicado el 20 de septiembre de 2020 por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso. En dicho estudio, efectuado a petición de la senadora Ximena Rincón, se demuestra que de los países estudiados, solo en Chile las pensiones de viudez las financia el pensionado mediante una rebaja forzosa de su propia pensión.

La tercera objeción se refiere al hecho de que nuestra propuesta significaría recurrir a fondos del Estado, lo que suscitaría un problema de focalización, el cual no explica. Para poder analizar nuestra propuesta se requiere establecer los costos y los beneficios de esta. Nosotros cooperamos entregando al Gobierno, hace más de un año, una estimación de los costos y explicitando los beneficios. Corresponde ahora que el poder Ejecutivo haga su propia evaluación y nos responda.

Dr. Ing. Patricio Basso