Esta semana la Ley de Migraciones, aprobada hace más de un mes —después de ocho años de tramitación en el Congreso—, se discute en el Tribunal Constitucional, ya que diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista objetan 14 artículos. El planteamiento de la izquierda se basa en tres argumentos: la nueva ley es restrictiva con respecto a la libertad ambulatoria, el rol para expulsar o para denegar el ingreso de un extranjero es arbitrario, y una restricción de acceso a seguridad social es discriminatorio.

Sobre el primer punto, el PC y el FA plantean un supuesto derecho absoluto a inmigrar y que el Estado tendría un deber incondicionado de admitir a aquellas personas como inmigrantes en su territorio. Por ello, un gobierno no puede establecer visados —como fue el caso de la visa de turismo a Haití y Venezuela— y si medio millón de extranjeros desean entrar una vez que termine la pandemia, Chile debe dejarlos entrar libremente. Esta facultad no se ejerce en ningún país y es volver a insistir con el turismo laboral, lo que generaría graves vulneraciones a los derechos de los migrantes, ya que no tendrían cédula de identidad.

Sobre el segundo punto, se confunde las facultades discrecionales de la PDI y del Gobierno, las cuales están sujetas a controles administrativos y judiciales, con la arbitrariedad. En ese sentido, cuando la ley plantea que se puede expulsar inmediatamente a un narcotraficante o a un sicario que ya había sido expulsado recientemente, o que si alguien que entró con pasaporte falso —como el mexicano acusado de femicidio— puede ser expulsado a su país, son medidas recurribles administrativa y judicialmente, por lo que eliminar estas potestades, como plantean, termina limitando las posibilidades de tener una migración segura.

En el último punto, el FA y el PC indican que si un extranjero entra a Chile, desde el primer día puede solicitar Bono Covid, Bono Marzo o un subsidio de vivienda, lo que puede generar incentivos perversos para un “turismo de bonos” y problemas con nacionales que utilizan estos servicios.

La nueva ley es un avance importante, ya que crea una nueva institucionalidad y la obligación de proponer una Política Pública Migratoria integral. A su vez, se sinceran las razones por las cuales se viene al país, de manera que quienes ingresen con intenciones de vivir en Chile pidan visa en los consulados y tengan cédula de identidad desde el primer día. Además, existe un catálogo flexible de visas, que permite un adecuado control y regularidad de la migración, junto con planificar con los gobiernos locales y regionales su integración y desarrollo laboral. Adicionalmente, se pasa de una Ley de Extranjería a una Ley de Migraciones, donde el Estado promoverá los derechos de los extranjeros, así como también sus deberes y obligaciones. Por último, la ley contempla la no criminalización del ingreso clandestino, lo que facilita la expulsión administrativa para desincentivar el uso de pasos no habilitados.

Por todo ello, y viendo que este requerimiento no es un tema de constitucionalidad, sino una acción con fuerte trasfondo político e ideológico de un sector que no logró apoyo en el Congreso, es claro que se busca establecer absolutismos para una migración descontrolada, atrasando la promulgación e implementación de una ley que busca avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, objetivo fundamental para ordenar la casa y mejorar la relación entre nacionales y extranjeros.

Juan Francisco Galli B.
Subsecretario del Interior

Álvaro Bellolio A.
Jefe Departamento de Extranjería y Migración