A las 12 de la noche del lunes 11 de enero finalizó el proceso de inscripción legal y administrativa de candidatos y candidatas a las elecciones del próximo 11 de abril: gobernadores regionales por región, constituyentes por distrito, alcaldes y alcaldesas por comuna y concejales y concejalas por el mismo territorio.

Lo anterior es el hecho administrativo, pero quiero referirme en esta columna a los efectos políticos de dicho proceso administrativo. Por meses sostuve privada y públicamente, y en esta misma columna, la necesidad imperiosa que para cumplir el mandato ciudadano del 25 de octubre pasado para redactar una nueva Constitución que establezca un estado social de derechos era imprescindible presentar una sola lista de constituyentes y hemos fracasado en dicho objetivo. Hasta el cansancio argumenté que dado el sistema electoral con que se elige a los constituyentes, similar a la elección de parlamentarios y concejales, y en el cual se premia la lista única y se castiga a la dispersión de estas, podríamos enfrentar una situación que irritaría a la ciudadanía que votó el Apruebo. En el cuadro anterior, se podría dar que la derecha en lista única, con el 35% de los votos, obtenga la mitad o más de los constituyentes y las oposiciones con el 70% o 65% de los votos obtenga la otra mitad. Dicho resultado hace mucho más difícil la construcción de un Estado social de derechos en el cual el principio de la subsidiariedad quede subordinado al principio de la solidaridad, que la función estatal quede otra vez subordinada al mercado y que la distribución del poder en todos los niveles siga concentrada.

Los responsables son muchos, pero particularmente lamento la decisión del Partido Comunista que a través de su presidente y su candidato presidencial, se negaron públicamente a construir una lista común. Así mismo lamento que el presidente del Partido Demócrata Cristiano haya coincidido en ese diagnóstico. La razón de fondo de esta división es que los partidos no entendieron nunca que la elección de la Convención Constituyente no es similar a la elección de concejales y diputados, donde se mide la correlación de fuerzas y el peso específico de cada uno; por el contrario, la elección de constituyentes tiene otro parámetro, es decir, unir voluntades para un nuevo pacto social en Chile que transforme y supere el modelo neoliberal.

Pero lo anterior no basta, también fracasamos en la presentación de un solo candidato o candidata en las elecciones de gobernadores regionales, lo que le da otra vez una ventaja a la derecha y se sigue reproduciendo un absurdo, que la minoría unida vence a la mayoría desunida.

Lo anterior aún no basta, en la elección de alcaldes y alcaldesas también vamos divididos, incluso al interior de la Unidad Constituyente, lo que nuevamente genera la distorsión mencionada. Lo anteriormente descrito prefiero enfrentarlo con la verdad. Las oposiciones no respondimos al clamor ciudadano expresado en el plebiscito del 25 de octubre donde categóricamente se nos mandató a triunfar en la Convención Constituyente y construir una nueva Carta Fundamental para las próximas 3 o 4 décadas y donde se garantice por parte del Estado derechos civilizatorios y humanitarios mínimos como a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo formal y a una pensión digna, entre otros. Chile puede ser más justo, más integrado socialmente y en donde la comuna de origen y el nivel de ingreso de la familia no predetermine la existencia y la vida.

Como primer vicepresidente del Partido por la Democracia, me disculpo y pido perdón por este fracaso ante la mayoría ciudadana.