La economía chilena está terminando un año para olvidar, afectada por cuatro grandes shocks. El primero, el estallido social de octubre de 2019 y su secuela de violencia, que deterioró las expectativas de empresarios y consumidores, afectando la actividad productiva, el comercio y el empleo, y que también aumentó la incertidumbre. Segundo, la pandemia del covid-19, que llevó a confinamientos y al autocuidado de las personas, con efectos en la producción y la actividad de los servicios con alto contacto personal, como hoteles, restaurantes, turismo y esparcimiento. Tercero, la gran recesión mundial, que desató la pandemia, afectó los precios y volúmenes de las exportaciones y aumentó la incertidumbre global. Cuarto, y tanto o más importante, el deterioro pronunciado de la convivencia política interna, con efectos en las expectativas y en la capacidad de avanzar en reformas de políticas en áreas prioritarias para la ciudadanía, como son la previsión, la salud y la educación. En el caso de la previsión no sólo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido, reduciendo la capacidad de autofinanciar pensiones futuras. El acuerdo covid, que planteó un programa y un marco presupuestario transitorio para mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación, fue una luz de esperanza, que luego se ha ido desvaneciendo con el regreso del populismo en todo el abanico político.

Las consecuencias de estos shocks están a la vista: una gran caída de la actividad y una aún mayor del empleo con respecto a sus niveles de septiembre de 2019. Así, la actividad de octubre de 2020 (Imacec ajustado por estacionalidad y días trabajados) fue 6,6% menor que su valor de septiembre del 2019 y, en el trimestre terminado en octubre de 2020 el empleo estuvo 14,8% por debajo de su nivel del trimestre terminado en septiembre de 2019, con una pérdida de 1,3 millones de empleos. Lo que es peor: la pérdida de trabajos se concentra en el comercio, en actividades de servicios con alto contacto personal.

–que tienden a emplear a mujeres y trabajadores con bajos niveles de escolaridad y de salarios–, y en empleos informales. Por ello los programas de subsidios de desempleo, de protección del empleo e ingreso familiar de emergencia eran muy necesarios en esta etapa. Se puede discutir sobre su diseño y sus montos, pero no sobre su prioridad.

Ahora que han regresado los confinamientos, por la mayor velocidad de la propagación de la pandemia, va a ser necesario fortalecer transitoriamente estos programas, apoyando a los trabajadores y a las familias más vulnerables, como también al sector salud y a las empresas que proveen servicios con alto contacto personal.

En cuanto a la economía global, aunque EE.UU. y Europa se están desacelerando con los contagios, sus perspectivas hacia adelante mejoran significativamente, gracias a los extraordinarios avances en vacunas y al fin de la “incertidumbre Trump” en el comercio global.

Pero, esta vez, la mejora del entorno externo no va a ser suficiente para reimpulsar el crecimiento de Chile. En particular, las cicatrices de esta crisis –empresas debilitadas y un alto desempleo– morigerarán el efecto del impulso externo y, en consecuencia, la recuperación.

El problema del mercado laboral es grave porque la crisis global del covid-19 también tendrá efectos profundos de mediano plazo en este mercado como consecuencia de la aceleración de la digitalización, del uso de inteligencia artificial, del teletrabajo, de videoconferencias y de la automatización. Por un lado, tendremos una mejora en la productividad agregada y en los ingresos de los trabajadores capacitados para usar estas nuevas tecnologías. Por otro lado, afectará negativamente a los trabajadores con bajos niveles de escolaridad y a los que desempeñan tareas rutinarias fáciles de automatizar. Esto va a terminar ampliando la brecha salarial entre trabajadores calificados y el resto, exacerbando los problemas sociales (MIT Work of the Future Report). Aunque estos efectos no serán inmediatos, hay que ir preparándose desde ya.

Para hacer frente al problema del mercado laboral, se va a necesitar que el sistema político ponga su atención en tres temas de alta relevancia. Primero, en estos momentos, la creación de empleo debe estar en el centro de la discusión de las políticas públicas urgentes. Para esto, dichas políticas deben reorientarse hacia: (1) fortalecer y ampliar los programas de capacitación laboral de los que han perdido sus empleos y de los jóvenes que están entrando al mercado laboral; (2) mejorar la información del mercado laboral, para apoyar a los trabajadores que buscan empleos y a los empleadores que buscan trabajadores; (3) aumentar el apoyo y fortalecer los programas de educación técnica; (4) rediseñar los programas de asistencia a los desempleados hacia programas que subsidien la contratación; (5) fortalecer los programas públicos intensivos en trabajo. Segundo, se debe trabajar en paralelo en una mejora de los programas y sistemas de capacitación y de educación continua para trabajadores, a modo de facilitar la adaptación a los cambios que observamos ahora y los que puedan ocurrir a futuro; adaptabilidad y aprendizaje continuo serán claves frente a este desafío. Tercero, necesitamos definitivamente una mejora al sistema educacional, partiendo por educación temprana, y llevando el debate más allá del financiamiento; urge un sistema que prepare efectivamente a los jóvenes para una sociedad y una economía digitales, con amplio uso de maquinarias y tecnologías.

Pero se ve difícil avanzar en esta dirección, con un Parlamento cada vez más populista –que debilita la institucionalidad, desoye las opiniones técnicas y debilita la solvencia fiscal– y un sistema político entrampado que hace cada vez más difícil avanzar en soluciones a los problemas de los chilenos.

El proceso constitucional que se avecina crea esperanzas y preocupaciones. Entre las esperanzas está el acuerdo en principios esenciales, que faciliten el desarrollo de una economía de mercado competitiva y la provisión de bienes públicos –derechos de propiedad, autonomía del Banco Central, promoción de la competencia y de bienes públicos– y que fortalezcan el sistema político, reduciendo su fraccionamiento y mejorando su efectividad. Entre los riesgos está que las reglas de funcionamiento de una economía de mercado, la institucionalidad fiscal y el sistema político queden aún más debilitadas. Ojalá que los riesgos no se concreten y las esperanzas predominen.